Viables, amparos por placas retenidas

Cada persona agraviada por la falta de armonización de los reglamentos de Tránsito Municipal que permiten recoger placas de circulación, deberá presentar un juicio de amparo si quiere que no surta efecto por así prohibirlo la Ley de Tránsito del Estado, porque los amparos solo protegen al promotor, informó el abogado Jorge Chessal Palau.

Recordó que el retiro de las placas de circulación como garantía de un crédito fiscal es precisamente eso, un asunto fiscal, y por lo tanto un juez puede declarar procedente el trámite de un juicio de amparo, pero únicamente para la persona que lo promueve, y en su caso resolver si la justicia ampara a la persona o no.

“Retiran la placa como garantía de un interés fiscal, derivado de una supuesta multa, y en esos casos no es válido el amparo colectivo en caso de que el juez determine su procedencia, y un tribunal administrativo puede emitir un resolutivo, pero sólo para un caso específico”.

La jueza federal del Primer Distrito Fabiola Delgado Trejo concedió amparo al abogado Chessal para revertir sin costo el retiro de una placa por supuesta infracción, porque existe una omisión por parte del Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí, al no reformar el artículo 176, segundo párrafo, del Reglamento de Tránsito del Municipio”.

Precisó que la única ventana legal que permitiría mover a las autoridades municipales a armonizar sus reglamentos, sería un pronunciamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero hasta ahora solo se permite a manera de recomendación.

En el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su papel se centraría en la revisión de los reglamentos de tránsito de las alcaldías, y su compatibilidad con la Ley de Tránsito del estado, se refiere a recoger placas de circulación.

En caso de que todos los reglamentos permitan recoger las placas de circulación, entonces ya hay una violación a los Derechos Humanos por contravenir lo que ordena la Ley de Tránsito del Estado. Una eventual pronunciamiento derivaría en una recomendación a los cabildos para reformar sus reglamentos de tránsito y armonizarlos con la ley.