A-AA+
Ciudad de México.- El monto de evasión a la seguridad social por parte de las empresas con esquemas como el outsourcing o registro de menores salarios supera los 20 mil millones de pesos en el país, lo cual afecta de forma importante a los trabajadores, aseguró el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto.
Después de precisar que para esta práctica hay multas o hasta sanciones de carácter penal, comentó que las empresas utilizan diversos esquemas para evadir el cumplimiento de sus obligaciones y “los montos de evasión superan los 20 mil millones de pesos”.
“Hay empresas que incorporan a toda su plantilla en esquemas de outsourcing para no pagar lo que corresponde o bien, se incorpora a trabajadores a la seguridad social con un sueldo menor o no se les brinda el servicio, lo cual afecta al trabajador en sus prestaciones económicas como el retiro o la vivienda”, dijo.
Sin precisar un número, destacó que el IMSS tiene “miles de casos” registrados con este problema, pero no hay una cantidad específica porque “no hay muchas veces una motivación del trabajador por denunciar al patrón.
“Nosotros tenemos que facilitarle a la gente que sepa que cuando le están pagando por fuera, cuando la tienen solamente con contratos por honorarios y demás, le están afectando su futuro”.
Indicó que es un problema grave de defraudación y de evasión fiscal, por eso se toman estas medidas de manera coordinada con diversas dependencias como la Procuraduría Fiscal, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
“Esto va en serio, no es una simulación, no estamos pensando que sea como en otros años, grandes anuncios que no llevan a nada y lo más importante es que ahora que hay una discusión sobre el tema de las outsourcing en las cámaras que veamos el tema con toda oportunidad para que no sea tampoco una reformita, que sea una reforma a fondo, como debe ocurrir también sobre el tema de las pensiones”.
De diciembre de 2018 a la fecha, el IMSS ya realizó 539 actos de fiscalización, lo que significa la regularización de 60 mil trabajadores, cifra que ya superó lo reportado en todo 2018, cuando se reportaron 500 actos.
