Incrementan medidas "anti lavado" a empresas con activos virtuales

A partir de hoy, las empresas que operen con activos virtuales se sujetarán a nuevas reglas para su registro como actividad vulnerable.

El próximo 10 de diciembre del presente año, estas empresas tendrán que proporcionar información adicional considerando a sus proveedores, ya sea porque tengan participación accionaria o en sociedad, laboren para él o se beneficien de sus servicios.
Con el fin de reforzar las medidas antilavado para las empresas que operen con activos virtuales, Hacienda solicitará mayor información a las que ya se registraron ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Deberán cumplir con nuevos requisitos en línea con las recomendaciones de organismos internacionales para el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El 9 de septiembre del 2019, la SHCP a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) agregó a los activos virtuales como actividad vulnerable al lavado de dinero conforme a la Ley de Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia (LFPIORPI).
Así la operación de activos virtuales que se realizan mediante plataformas electrónicas, digitales o similares, ya son consideradas susceptibles de ser usadas por la delincuencia para lavar dinero o financiar actos de terrorismo.
Las nuevas reglas indican que no solamente será necesario que estén dados de alta en el padrón del SAT, sino que también es necesario que cuente con información y documentación adicional que permita a la SHCP, identificar que los proveedores de dichos servicios no están relacionados con sujetos que realicen operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Se detectarán posibles riesgos a través de su participación accionaria o societaria con terceros para evitar que sean usados para otros fines como blanqueo de activos.
Actualmente las empresas de activos virtuales deben cumplir con todas las reglas establecidas en la LFPIORPI para detectar y prevenir el lavado de dinero.
Un primer paso es registrarse ante el SAT, otra obligación es elaborar avisos antilavado de operaciones sospechosas.
Ahora se les pedirá a las empresas y personas físicas que operen con activos virtuales mayor información.
Para el caso de las empresas, entregarán al SAT copia certificada del acta constitutiva de quien realiza la actividad vulnerable y, en su caso, las modificaciones de sus estatutos sociales, todos ellos con datos de inscripción en el Registro Público de Comercio o constancia de fedatario público de que se encuentra en trámite.
Además, original del comprobante de domicilio de quien realiza la actividad vulnerable y, en su caso, de cada uno de los establecimientos físicos donde se llevará a cabo dicha actividad.
Un listado con información de las personas físicas y morales que directa o indirectamente mantengan o pretendan mantener una participación en el capital social de quien realiza la actividad vulnerable, en el que se deberá incluir: nombre completo o razón social, nacionalidad, domicilio, y el CURP y RFC cuando tengan la obligación de contar con ellos, así como el monto en acciones y su equivalente en pesos del capital social que cada una de ellas suscriba.
El nombre comercial y páginas electrónicas a través de las cuales lleven a cabo la operación con activos virtuales, datos de identificación del representante legal o apoderado: nombre completo sin abreviaturas; CURP y RFC cuando tengan la obligación de contar con ellos; número telefónico, compuesto por 10 dígitos y, en su caso, extensión, así como correo electrónico; adjuntando copia simple de los documentos que comprueban dicha información y que cumplan con los requisitos.
En septiembre pasado, cuando el titular de la UIF, Santiago Nieto, presentó la Estrategia Nacional de Riesgo 2029-2020, reveló que se identificaron dos casos en los que se utilizaron criptomonedas en operaciones sospechosas de lavado de dinero.
Posteriormente, durante el segundo Congreso Virtual Compliance organizado por Thomson Reuters, informó que los más de mil avisos antilavado que ha recibido la UIF de empresas que operan con activos virtuales, 95% son adquisiciones de Bitcoin en Jalisco.