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El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dijo que el sistema jurídico actual necesita “modificaciones fundamentales” a raíz de la pandemia de COVID-19.
A través de un comunicado, precisó que luego de realizar varios análisis junto con especialistas, concluyeron que “el gran Acuerdo implica modificaciones fundamentales”.
“El diálogo y el Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional tienen que re-construírse. La magnitud de la emergencia económica y sanitaria así lo demanda”, se especificó en el documento.
Como parte de dichas modificaciones, Morena señaló que el concepto y propósito del Estado de Bienestar debe quedar plasmado en la Constitución Política del país precisando los sistemas universales de protección.
También, propuso que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) pueda medir la concentración de riqueza para que se tenga constancia de los niveles de desigualdad para que se actúe sobre ésta. Añadió que el Instituto deberá revisar, sin impedimentos legales, el patrimonio inmobiliario y financiero de las personas.
“Cada dos años debe dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano. También debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a toda la información financiera y bursátil de las personas”, subrayó.
En el sentido económico, agregó que la progresividad fiscal debe ser la base para contribuir a los gastos y financiamiento del Estado de Bienestar.
Resaltó que las “contribuciones” deben ser proporcionales y equitativas para progresar social y legislativamente. Además, se indicó que la progresividad fiscal deberá aplicarse a la propiedad, riqueza, ingreso, emisiones de CO2 y los daños a la salud.
“La experiencia histórica nos muestra que el Estado de Bienestar sólo puede cobrar vigencia y hacerse realidad cuando pagan más los que tienen más”, reviró.
Pidió la construcción de un Consejo Fiscal, o algún organismo autónomo, dependiente del Congreso de la Unión para medir y evaluar los ingresos y gastos del país.
Lo anterior, con la finalidad de mostrar anualmente si las contribuciones y los gastos están beneficiando a los sectores más vulnerables de la población. A la par, deberá informar si los gastos públicos están contribuyendo a reducir la desigualdad social.
“Dicho organismo deberá mostrar la sustentabilidad de las finanzas nacionales para garantizar permanencia y la extensión de los sistemas de protección derivados del mandato constitucional”, subrayó.
Por último, Morena declaró que debe dotarse de mayores facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para que pueda presentar directamente acciones inconstitucionales sobre leyes que inhiban la competencia en los diversos mercados.
También, se busca que exija reparación de daños contra los consumidores, para medir afectaciones en niveles de bienestar y, para tener acción conjunta en el diseño de políticas que garanticen el acceso a los bienes y servicios con precios justos.
“El sobreprecio que se impone al momento de adquirir alimentos, material de construcción, usar transporte terrestre o aéreo, medicamentos o sistemas financieros o de comunicación está afectando sistemáticamente a los hogares más pobres”, explicó.
“El Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión o la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) deben de integrar una convocatoria para conciliar a todos los gobiernos estatales y municipales, a los organismos de trabajadores y empresarios, a los partidos políticos y las instituciones de educación superior en este gran diálogo y de Acuerdo de unidad y de solidaridad nacional”, finalizó.
