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Las acciones del gobierno inhiben claramente la inversión en el sector energético, tanto por políticas públicas como por modificaciones regulatorias o porque se alargan los plazos de resolución, dijo la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios.
Esa situación llevó a los particulares a presentar amparos ante el Poder Judicial mexicano, además de que pueden analizar pedir arbitrajes vía el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Dijo que la Suprema Corte de Justicia pidió ya la opinión de la Cofece en torno a 20 amparos que presentaron empresas para modificaciones a las reglas de la industria eléctrica.
Expuso que se enfrenta también una "parálisis administrativa", porque la Secretaría de Energía suspendió los plazos y la Comisión Regulatoria de Energía (CRE) no emite los permisos a la velocidad que lo exige la ley, todo lo cual tiene efecto en la falta de competencia.
"En el sector energético, claramente las posibilidad de que el sector crezca se han visto disminuidas, y la posibilidad de que haya inversión se han visto disminuidas por estas modificaciones… y eso tendrá un impacto en el mediano plazo en tarifas, precios que paguemos, posibilidad de generar más energías limpias", expuso.
Durante la presentación de las "Propuestas en materia de competencia para contribuir a la reactivación de la economía mexicana", Palacios dijo que los procedimientos que lleva a cabo el gobierno llevaron a que de los 82 permisos de importación de gasolinas vigentes que había al principio del año se reducirán a 23 porque hay 59 que solamente tienen vigencia de un año, mientras que 23 son por 20 años, a partir del 2016 o 2018.
De los permisos de importación por un año, al inicio de 2020 había 90 vigentes y 21 ya vencieron, pero 27 lo harán en lo que resta del 2020.
Todo ello no genera ni competencia ni permitirá que los mexicanos tengan a precios bajos y en condiciones de competencia gasolinas, electricidad y otros energéticos.
Esa situación llevó a los particulares a presentar amparos ante el Poder Judicial mexicano, además de que pueden analizar pedir arbitrajes vía el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Dijo que la Suprema Corte de Justicia pidió ya la opinión de la Cofece en torno a 20 amparos que presentaron empresas para modificaciones a las reglas de la industria eléctrica.
Expuso que se enfrenta también una "parálisis administrativa", porque la Secretaría de Energía suspendió los plazos y la Comisión Regulatoria de Energía (CRE) no emite los permisos a la velocidad que lo exige la ley, todo lo cual tiene efecto en la falta de competencia.
"En el sector energético, claramente las posibilidad de que el sector crezca se han visto disminuidas, y la posibilidad de que haya inversión se han visto disminuidas por estas modificaciones… y eso tendrá un impacto en el mediano plazo en tarifas, precios que paguemos, posibilidad de generar más energías limpias", expuso.
Durante la presentación de las "Propuestas en materia de competencia para contribuir a la reactivación de la economía mexicana", Palacios dijo que los procedimientos que lleva a cabo el gobierno llevaron a que de los 82 permisos de importación de gasolinas vigentes que había al principio del año se reducirán a 23 porque hay 59 que solamente tienen vigencia de un año, mientras que 23 son por 20 años, a partir del 2016 o 2018.
De los permisos de importación por un año, al inicio de 2020 había 90 vigentes y 21 ya vencieron, pero 27 lo harán en lo que resta del 2020.
Todo ello no genera ni competencia ni permitirá que los mexicanos tengan a precios bajos y en condiciones de competencia gasolinas, electricidad y otros energéticos.
