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Técnicamente, el gobernador Juan Manuel Carreras, los diputados del Congreso local y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado estarían incumpliendo lo mandado en las constituciones federal y local en materia de
límites salariales.
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La publicación, el pasado 10 de enero, en el Periódico Oficial del Estado del Presupuesto de Egresos para 2019 y los tabuladores de ingresos de las dependencias públicas, pone a esos funcionarios con ingresos superiores a los 108 mil 656 pesos de remuneración mensual que gana el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
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El decreto que hizo oficial el presupuesto federal se publicó el 28 de diciembre de 2018, incluyendo la definición de los ingresos presidenciales.
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Es decir, que los diputados debían haber conocido ya ese límite en la sesión del pasado 3 de enero, cuando sesionaron para aprobar el presupuesto estatal. La responsabilidad de adecuar las remuneraciones locales, incluyendo las propias, era de
los legisladores.
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No lo hicieron, y en cambio, se sacaron de la manga un artículo transitorio que da un plazo hasta el 20 de enero próximo a las instancias ejecutoras del gasto para arrojarles a ellos la tarea de adecuar los tabuladores estatales a los límites del
salario presidencial.
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No hay ninguna razón válida para que los diputados no aprobaran las remuneraciones de los funcionarios potosinos ya ajustadas a la normatividad federal.
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Entre las consecuencias de esta omisión está que el pasado siete de enero, el gobernador Juan Manuel Carreras López se jactaba de una mentira: que su sueldo quedaba establecido en 105 mil pesos, cumpliendo con la obligación de no recibir más ingresos que AMLO. Oficialmente, su ingreso mensual es de 185
mil pesos.
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Aunque Carreras López tuvo la gentileza de no incrementar sus ingresos. Los magistrados se asignaron tres mil pesos más y los diputados, con todo y la alharaca de la reducción salarial, se otorgaron un pellizquito de 500 pesos.
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Los integrantes de esta Legislatura aprendieron rápido a amar al erario y no se conformarían con 500 pesos. La omisión de no dejar establecidos los salarios con el recorte impuesto desde la Federación podría tener más que ver con la ambición que con pusilanimidad de no atreverse a imponerlo.
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La remuneración mensual vigente de los legisladores es de 251 mil pesos. Suponiendo que tuvieran que reducirla a 104 mil pesos, para estar por debajo del presidente y el gobernador, cada uno de los 27 diputados “perdería” 170 mil pesos. De manera global, sumarían cuatro millones 590 mil pesos.
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Multiplicada esta suma por los doce meses, la “reducción” de los ingresos directos de los diputados ascendería a 55 millones de pesos.
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Pero ese dinero no será devuelto al erario, puesto que, oficialmente, ya fue aprobado en el presupuesto 2019. No llegarán a los diputados, pero éstos mantienen el control sobre esa jugosa bolsa, a la que no se dio en el presupuesto ningún
destino definido.
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Lo mismo ocurre en todas las dependencias con el ahorro que represente la reducción de ingresos de los altos mandos.
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Esa podría ser la razón por la cual, el Congreso incurrió en la política de “aprobar ahora y averiguar después”.
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¡HASTA MAÑANA!
límites salariales.
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La publicación, el pasado 10 de enero, en el Periódico Oficial del Estado del Presupuesto de Egresos para 2019 y los tabuladores de ingresos de las dependencias públicas, pone a esos funcionarios con ingresos superiores a los 108 mil 656 pesos de remuneración mensual que gana el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
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El decreto que hizo oficial el presupuesto federal se publicó el 28 de diciembre de 2018, incluyendo la definición de los ingresos presidenciales.
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Es decir, que los diputados debían haber conocido ya ese límite en la sesión del pasado 3 de enero, cuando sesionaron para aprobar el presupuesto estatal. La responsabilidad de adecuar las remuneraciones locales, incluyendo las propias, era de
los legisladores.
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No lo hicieron, y en cambio, se sacaron de la manga un artículo transitorio que da un plazo hasta el 20 de enero próximo a las instancias ejecutoras del gasto para arrojarles a ellos la tarea de adecuar los tabuladores estatales a los límites del
salario presidencial.
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No hay ninguna razón válida para que los diputados no aprobaran las remuneraciones de los funcionarios potosinos ya ajustadas a la normatividad federal.
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Entre las consecuencias de esta omisión está que el pasado siete de enero, el gobernador Juan Manuel Carreras López se jactaba de una mentira: que su sueldo quedaba establecido en 105 mil pesos, cumpliendo con la obligación de no recibir más ingresos que AMLO. Oficialmente, su ingreso mensual es de 185
mil pesos.
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Aunque Carreras López tuvo la gentileza de no incrementar sus ingresos. Los magistrados se asignaron tres mil pesos más y los diputados, con todo y la alharaca de la reducción salarial, se otorgaron un pellizquito de 500 pesos.
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Los integrantes de esta Legislatura aprendieron rápido a amar al erario y no se conformarían con 500 pesos. La omisión de no dejar establecidos los salarios con el recorte impuesto desde la Federación podría tener más que ver con la ambición que con pusilanimidad de no atreverse a imponerlo.
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La remuneración mensual vigente de los legisladores es de 251 mil pesos. Suponiendo que tuvieran que reducirla a 104 mil pesos, para estar por debajo del presidente y el gobernador, cada uno de los 27 diputados “perdería” 170 mil pesos. De manera global, sumarían cuatro millones 590 mil pesos.
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Multiplicada esta suma por los doce meses, la “reducción” de los ingresos directos de los diputados ascendería a 55 millones de pesos.
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Pero ese dinero no será devuelto al erario, puesto que, oficialmente, ya fue aprobado en el presupuesto 2019. No llegarán a los diputados, pero éstos mantienen el control sobre esa jugosa bolsa, a la que no se dio en el presupuesto ningún
destino definido.
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Lo mismo ocurre en todas las dependencias con el ahorro que represente la reducción de ingresos de los altos mandos.
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Esa podría ser la razón por la cual, el Congreso incurrió en la política de “aprobar ahora y averiguar después”.
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¡HASTA MAÑANA!
