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Debería ser una buena noticia que el estado tuvo una entrada de más de mil millones de dólares en 2017, de acuerdo al documento anual publicado por la Secretaría de Gobernación y BBVA Bancomer.
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Los mil 044 millones de dólares recibidos por la entidad en 2017 equivalieron a 20 mil 410.2 millones de pesos, de acuerdo a la cotización del dólar de entonces.
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Para dar una dimensión de esa suma, habría que recordar que el presupuesto de egresos del estado para ese año fue de 41 mil 580.8 millones de pesos. Los paisanos enviaron al estado prácticamente la mitad del gasto total de todas las instituciones públicas potosinas.
¿Dónde quedó ese dinero? ¿Contribuyó a generar condiciones que mejoraran la situación de sus beneficiarios y de sus comunidades? ¿Contribuyeron únicamente a su supervivencia, como medio para comprar alimentos y otros elementos de subsistencia?
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La inyección de esa gran suma a acciones que propiciaran el desarrollo particular y colectivo de los familiares de los paisanos sería evidente, por lo que lo más probable es que más bien la segunda opción sea la más viable.
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La importancia de las remesas para las familias potosinas es significativa. Representan la cuarta parte del ingreso total de las familias receptoras. Estaría peor si sus familiares trabajando duramente en Estados Unidos no les enviaran ese salvavidas financiero.
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Pero es una lástima que el gobierno y la sociedad potosinas no hayan encontrado una forma efectiva de incrementar el crecimiento de la entidad a través del uso de la enorme suma que envían los potosinos que laboran en Estados Unidos.
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De un modo u otro, el desabasto de gasolina ya está afectando a San Luis Potosí. Las gasolineras de los municipios colindantes con Guanajuato están recibiendo la visita de compradores de ese estado que, además de llenar los tanques de sus vehículos, surten garrafones del combustible.
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Hasta ahora, este consumo no parece estar afectando el abasto, pero, ya se ha visto, la posibilidad de que la sicosis infundada degenere en un verdadero desabasto es alta.
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Parece necesario establecer medidas de control para evitar que este aumento imprevisto en el consumo se vaya a convertir en un problema.
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Como líder de los constructores, Marco Antonio Uribe fue un férreo opositor a la arbitrariedad de la administración gallardista en el manejo de las licitaciones y contratos, asignados al contentillo y sin licitar.
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Ese activismo se evaporó ahora que, como funcionario, está encargado de realizar lo mismo que criticó: entregar contratos sin licitación. En ese sentido, el gobierno de Xavier Nava no se diferencia mucho de sus antecesores, que tanto critican.
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Como el gobierno gallardista, las justificaciones menudean, pero lo que está claro es que ambas administraciones incurren en lo mismo.
¡HASTA MAÑANA!
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Los mil 044 millones de dólares recibidos por la entidad en 2017 equivalieron a 20 mil 410.2 millones de pesos, de acuerdo a la cotización del dólar de entonces.
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Para dar una dimensión de esa suma, habría que recordar que el presupuesto de egresos del estado para ese año fue de 41 mil 580.8 millones de pesos. Los paisanos enviaron al estado prácticamente la mitad del gasto total de todas las instituciones públicas potosinas.
¿Dónde quedó ese dinero? ¿Contribuyó a generar condiciones que mejoraran la situación de sus beneficiarios y de sus comunidades? ¿Contribuyeron únicamente a su supervivencia, como medio para comprar alimentos y otros elementos de subsistencia?
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La inyección de esa gran suma a acciones que propiciaran el desarrollo particular y colectivo de los familiares de los paisanos sería evidente, por lo que lo más probable es que más bien la segunda opción sea la más viable.
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La importancia de las remesas para las familias potosinas es significativa. Representan la cuarta parte del ingreso total de las familias receptoras. Estaría peor si sus familiares trabajando duramente en Estados Unidos no les enviaran ese salvavidas financiero.
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Pero es una lástima que el gobierno y la sociedad potosinas no hayan encontrado una forma efectiva de incrementar el crecimiento de la entidad a través del uso de la enorme suma que envían los potosinos que laboran en Estados Unidos.
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De un modo u otro, el desabasto de gasolina ya está afectando a San Luis Potosí. Las gasolineras de los municipios colindantes con Guanajuato están recibiendo la visita de compradores de ese estado que, además de llenar los tanques de sus vehículos, surten garrafones del combustible.
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Hasta ahora, este consumo no parece estar afectando el abasto, pero, ya se ha visto, la posibilidad de que la sicosis infundada degenere en un verdadero desabasto es alta.
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Parece necesario establecer medidas de control para evitar que este aumento imprevisto en el consumo se vaya a convertir en un problema.
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Como líder de los constructores, Marco Antonio Uribe fue un férreo opositor a la arbitrariedad de la administración gallardista en el manejo de las licitaciones y contratos, asignados al contentillo y sin licitar.
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Ese activismo se evaporó ahora que, como funcionario, está encargado de realizar lo mismo que criticó: entregar contratos sin licitación. En ese sentido, el gobierno de Xavier Nava no se diferencia mucho de sus antecesores, que tanto critican.
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Como el gobierno gallardista, las justificaciones menudean, pero lo que está claro es que ambas administraciones incurren en lo mismo.
¡HASTA MAÑANA!
