> Citlalli dice no > Controversia segura
Si dentro del Partido Verde Ecologista de México en San Luis se albergaba alguna expectativa de que los cambios en la dirigencia nacional de Morena habrá un cambio de postura con respecto a la aceptación de la senadora Ruth González Silva como candidata común de una alianza, ayer les cayó un balde de agua fría.
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En una de las primeras entrevistas como titular de la Comisión de Elecciones del CEN, otorgada ayer a Sin Embargo, Citlalli Hernández, a pregunta expresa sobre la situación en San Luis, indicó que si el PVEM pone sobre la mesa el nombre de la senadora para abanderar una eventual alianza "va a ser muy difícil ir en coalición, incluso ir a la encuesta".
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Invocó la norma estatutaria antinepotista para afirmar que "no podríamos ir juntos". También minimizó una posible ruptura en San Luis al señalar que "no pasa nada" si se eligen caminos separados.
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Y remató señalando que su prioridad es la protección de los intereses de Morena.
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Es decir, parece que no habrá viraje tras la salida de Luisa María Alcalde: la alianza con el Verde, si la candidata es Ruth González, simplemente no se dará.
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El Congreso del Estado y el ayuntamiento de la capital cruzarán sus caminos cuando mañana, el Legislativo reciba una iniciativa que propone modificar diversas normas relacionadas con el tránsito, desarrollo urbano y la estructura orgánica de los municipios para obligar a los ayuntamientos a contratar una póliza de seguro contra daños sufridos, por accidentes o robos, por los autos estacionados en la vía pública incluida en la zona de parquímetros.
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La propuesta argumenta que los usuarios enfrentan una situación injusta al pagar un servicio que no garantiza la integridad de su unidad, además de que se genera inequidad con respecto a los estacionamientos privados que ahora están obligados a contratar una póliza de seguro.
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La iniciativa señala que busca erradicar una "laguna jurídica en perjuicio de la ciudadanía".
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La iniciativa señala que la capital y Valles tienen este tipo de sistema, por lo que serán los destinatarios de la reforma.
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Lo irónico es que la promotora de la iniciativa, que impactaría directamente al gobierno de Enrique Galindo Ceballos, es la diputada priista Sara Rocha Medina.
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Vaya gesto cuando ambos se ven obligados a trabajar coordinadamente para sacar a flote al PRI en 2027.
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Y a ver qué ocurre con la legalidad de la iniciativa. El Congreso se mete en lugares pantanosos cada que pretende influir en el manejo de los recursos de los ayuntamientos, regido por el artículo 115 constitucional.
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En el pasado, la alcaldía capitalina no ha dudado en impugnar ante la SCJN medidas que han afectado sus finanzas. Y ha ganado.
