> Petición desorbitada > Caída y perdón
Es comprensible que el gremio del transporte urbano esté apostando lo más alto que puede en el asunto del alza de la tarifa del transporte urbano, buscando el mayor beneficio que pueda obtener en este proceso que se definirá a mediados de mes.
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Pero este año exageró al sugerir que la nueva tarifa se dispare de 12.50 a 15 pesos.
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Este incremento carece totalmente de un asidero legal para concretarse, toda vez que la Ley del Transporte Público del Estado sólo reconoce al Índice Nacional de Precios y Cotizaciones de diciembre del año anterior como el factor sobre el cual calcular el porcentaje
de incremento.
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Para mala fortuna de los concesionarios del transporte urbano, la inflación ha registrado un crecimiento moderado este 2024, que no ha alcanzado el cinco por ciento y que, ya cerca del final del año, ha ido a la baja, por lo que es posible que no alcance ni siquiera el 4 por ciento.
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Lo anterior dejaría el monto del alza a menos de 50 centavos, muy lejos de los dos pesos con cincuenta centavos que pretenden los concesionarios.
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Cada año, los empresarios del sector desgranan una letanía de infortunios que azotan a la actividad, desde las alzas del combustible hasta los incrementos salariales, pero, si un negocio es tan malo, ¿por qué no sueltan las concesiones?
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Ahora bien, ha habido ocasiones en que los dictados legales sobre las tarifas han sido dejados de lado por el Ejecutivo, como en 2022, cuando decretó que, aunque se haya registrado uno de los picos inflacionarios más altos, la tarifa no aumentó; o al año siguiente, cuando en clara compensación, al porcentaje de la inflación se le agregó un punto porcentual adicional.
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Es decir, que hay margen, hacía arriba o hacia abajo, para que la tarifa no se ajuste a lo que establece la ley.
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Pero en todo caso, el porcentaje final seguirá siendo un golpe para el bolsillo de los usuarios.
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¿Quién dice que la vida no da segundas oportunidades? En marzo de 2023, Guadalupe Chávez Meza fue cesada de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, tras ser denunciada de mostrar posturas discriminatorias contra maestros indígenas de
la Huasteca.
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A poco más de dos años de esa caída, vino la remontada. Fue nombrada por el Ejecutivo (el mismo que la defenestró) como directora de Gobernación, tras la purga ordenada por el mandatario. Como si nada hubiera pasado.
