Agresión en la UAM El SUTSGE no se la cree
En el área de regidores de la Unidad Administra se registró un hecho muy grave: una agresión en contra uno de los regidores de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gustavo de Jesús Mercado Garay, habría sido agredido, presuntamente por un periodista con el que dialogaba.
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El ataque habría sido con un abrecartas que se encontraba en el escritorio del edil, que el agresor tomó para blandirlo en su contra. Las vestiduras rasgadas de una silla con la que se defendió el regidor fueron las huellas que dejó el ataque.
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El periodista, que tiene un medio en la Huasteca, habría sido sometido por agentes municipales e incluso esposado. Sin embargo, la información de la que se dispone indica que fue dejado libre una vez que fue sacado del inmueble.
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En su cuenta de Twitter, el regidor Mercado Garay confirmó que fue blanco de una agresión grave. La alcaldía, por su parte, intentó minimizar el hecho al calificarlo como un “asunto entre particulares” lo cual es absurdo por tratarse de figuras públicas y de haber sido un sitio público el escenario del incidente.
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Afortunadamente, el asunto no tuvo consecuencias peores, pero es un llamado de atención para fortalecer la seguridad en un sitio público.
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El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE) tiene claro cuál es el punto en la crisis que enfrenta la Dirección General de Pensiones: el principal problema no es administrativo, es simplemente de dinero. Mientras que la Secretaría de Finanzas no reanude los pagos a los que está obligada, podrá haber mil ceses, pero las finanzas del sistema seguirán enfermas.
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El principal sindicato de burócratas no se dejó encandilar ni por el anuncio de auditoría por un presunto manejo irregular de préstamos otorgados por la dependencia ni por la destitución del extitular, Jorge Escudero Villa, e insistieron, como mes a mes lo hacen sus representantes en la Junta Directiva del organismo, en que la Secretaría de Finanzas se ponga al corriente para pagar más de tres mil 600 millones de pesos que adeuda
a Pensiones.
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La supuesta investigación de préstamos irregulares involucra una suma mucho menor, de 900 millones de pesos, de acuerdo con el gobernador Ricardo
Gallardo Cardona.
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No se ha dicho, ni siquiera a los representantes de los sectores magisterial y de burócratas, están involucrados en la indagatoria. Como miembros de la Junta, tendrían que haber intervenido en la autorización de los préstamos.
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Una decisión de esa naturaleza sería arriesgada, pues propiciaría un factor más de roce en una relación de por sí complicada. Esta ausencia de información le resta fuerza al anuncio de una investigación en marcha.
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¡HASTA MAÑANA!
