Alergia al litigio Desoyen a ciudadanos
Que con todo y errores, la denuncia presentada por Fabián Espinosa Díaz de León contra, Urenda Navarro Sánchez, generó enojo, pero no en la oficina de la abogada general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), sino en la propia rectoría.
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De Navarro Sánchez se ha documentado la falta de evidencia de que ha concluido sus estudios de doctorado, grado académico que ha presumido tener desde hace años, sin que parezca incomodarle. Una denuncia mal elaborada no le va a quitar el sueño.
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Pero en la principal oficina del Edificio Central, vieron con preocupación que el asunto haya llegado al grado del litigio, por la afectación que se generaría contra la imagen de la Universidad, ya de por sí deteriorada por el polémico asunto de la renta de su predio en la zona diamante de la capital y el contrato desigual que se firmó con la empresa que representa Espinosa Díaz de León.
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La sensación es que el control de los acontecimientos ya escapó de las manos universitarias se intensificó con la confirmación de que hay intención de llevar a los tribunales a funcionarios universitarios, entre los que estaría incluso el propio rector.
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No sería relevante, desde el punto de vista del arrendatario, que los litigios tengan o no relación con el negocio, sino más bien, entorpecerle a la UASLP una salida cómoda.
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Y es que, ya cercano el 12 de abril, fecha en la que VEMSA, la empresa arrendataria, debe entregar el primer pago de la renta del terreno, tras el fin del año de gracia establecido en el contrato, no se espera que esto ocurra.
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Si el proyecto de la empresa no presenta ningún avance después de un año, ni en el predio ni en el ámbito de la tramitología (en el ayuntamiento señalan que no se ha iniciado ninguno), no parece que de aquí al doce de abril cambie la situación.
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Una opinión legal conseguida por esta columna apunta a que la UASLP tendría un camino relativamente sencillo: si ese día no se deposita un pago en sus cuentas por parte de la empresa, tendría una causal más firme para rescindir el contrato. Sólo le quedaría esperar que no haya más complicaciones.
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Pero que el asunto se judicialice es, por si misma, una complicación.
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De nuevo, el Congreso del Estado se inclinó por el status quo en lugar de la ciudadanía. Al reelegir a Itzel Argüelles Moreno al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, desoyó las inconformidades de víctimas de violaciones a sus garantías, que ayer hicieron oír sus voces inconformes.
