Aprobados y reprobados El Congreso y los tribunales
Mala noche debieron haber pasado ayer Emmanuel Ramos Hernández, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, y Leonel Serrato Sánchez, encargado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
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Esto porque son los dos primeros funcionarios exhibidos en la edición inaugural del curioso sistema de evaluación de desempeño anunciado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Ramos Hernández es el único que apareció en el vergonzoso rojo del nivel insuficiente, mientras que Serrato Sánchez también apareció sólo en el nivel bajo, pintado de naranja.
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Ambos tienen méritos para aparecer en esos sitios. Ramos Hernández ha recibido críticas severas por el deficiente manejo de la alerta ambiental por contaminación del aire y se tardó más de un año en sacar adelante uno de los proyectos favoritos de su jefe: el plan de manejo del área natural protegida de Joya Honda.
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Leonel Serrato se enfrentó a su peor enemigo, él mismo, y cayó de nuevo en las trampas de la misoginia. El autoimpuesto voto de silencio sólo empeoró
su situación.
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En métodos aritméticos el gobierno gallardista se ubica con una mayoría de dependencias apenas llegando al nivel medio, en el que se usa el amarillo preventivo. Son 22 las instancias que alcanzaron este nivel, entre las que destacan la Secretaría del Trabajo y Comunicación Social, la de Cultura, la Comisión Estatal del Agua, la emproblemada Dirección de Pensiones, la Junta Estatal de Caminos y la Fenapo, que tan elogiada fue por el festival navideño.
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Las que se llevaron la estrellita verde fueron menos, 19, y ahí están las más importantes: la General de Gobierno, Finanzas, la Contraloría, Sedesore, Sedeco, Seduvop y Turismo.
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Al presentar el instrumento de evaluación, Gallardo Cardona incluye algunos de los indicadores tomados en cuenta para determinar el cumplimiento de las dependencias entre las que incluyó la calidad en la atención al público, el cumplimiento de metas contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo, la gobernabilidad con todos los sectores del Estado y la comunicación brindada a la ciudadanía sobre obras y acciones.
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Como cuando lo anunció de manera verbal, esta explicación luce vaga y no permite comprender a cabalidad cómo se realizó
la evaluación.
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El Congreso del Estado incluyó 50 juicios laborales entre los asuntos legales que mantiene abiertos en distintos frentes.
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La cifra es preocupante porque ya se sabe qué pasa cuando se pierden estos laudos: el erario lo resiente.
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Y dada la proclividad del Congreso para perder este tipo de pleitos, la preocupación
es mayor.
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¡HASTA MAÑANA!
