Ceepac: ¿ahora sí? Insistencia estéril
Al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana lo van a ver solo cuando tienen plebiscitos. La autoridad electoral ha sido ninguneada presupuestalmente por el Ejecutivo y el Legislativo y ahora que la requieren, voltean hacia ella.
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Ambos necesitan acelerar el proceso de municipalización de Pozos, y uno de los requisitos es la celebración de una amplia consulta popular entre la población del municipio, que quieren que realice la autoridad electoral.
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La misma calculó en 32 millones de pesos el costo del ejercicio. Y aquí es interesante voltear a los números.
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Esa cantidad equivale al 42% del presupuesto operativo del Ceepac para este año, que fue de 76 millones de pesos.
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Eso fue lo que le otorgó el Ejecutivo y validó el Congreso al avalar el presupuesto de egresos. El recorte equivale al 74.3 por ciento. No por nada, la institución potosina fue ubicada como el segundo Organismo Público Local Electoral más afectado por los recortes presupuestales, según el Instituto Nacional Electoral (INE).
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El más reciente reporte sobre la Situación Presupuestal de los OPLEs elaborado por el INE, actualizado al 22 de mayo de este año, enumera las penurias económicas del Ceepac.
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Además del recorte entre lo solicitado y lo concedido, sólo superado por Nayarit, que sufrió un recorte de 75.8 por ciento, está un adeudo de 4.4 millones de pesos del gobierno del estado para su financiamiento operativo.
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En el semáforo financiero del INE, el Ceepac está en el área más roja, la de alto riesgo.
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Lo peor es que la suma requerida para el organismo ni siquiera será manejada por el organismo. Como el Congreso es la empresa encargada de la tarea, también lo será del presupuesto para concretarla.
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Y así, mientras que al Ceepac le han escamoteado cuanta ampliación presupuestal ha pedido, el Congreso pedirá, y seguramente obtendrá, la suya por la vía más que rápida.
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Quizá sea lo mejor. Los diputados de esta y de anteriores legislaturas, se han mostrado bastante ineficientes cuando de consultas populares se trata.
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Si el gobierno del estado sigue condicionando su apoyo a la modernización del aeropuerto de Tamuín a cambio de la concesión del servicio, quizá le convenga conseguir un asiento para esperar… quizá para siempre.
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La condicionante es un despropósito, ya que sólo las autoridades federales tienen esa atribución, que pueden concesionar, sí, pero a empresas y a particulares que garanticen que pueden brindar ese servicio.
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Y no tan solo por cuestiones de operatividad aérea, conectividad u otras situaciones relacionadas con el transporte.
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Lo verdaderamente importante es la seguridad nacional, de la cual, los aeropuertos forman parte. Y sería un error que compartiera esa atribución con otra autoridad.
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¡HASTA MAÑANA!
