Contraproducente Autogol
La queja de que el nuevo entramado legal que implicó la reforma judicial sólo ha propiciado que los delincuentes eviten la cárcel o, en el peor de los casos, pasen poco tiempo en ella parece reflejarse en la estadística que el Inegi difundió ayer sobre los sistemas penitenciarios en os estados.
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La entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal coincide con el inicio de una tendencia a la baja en la población de internos en el sistema penitenciario de San Luis Potosí.
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De 2014 a la fecha, la población de internos bajó más del 20 por ciento y el año pasado, la tendencia de más ingresos que egresos penitenciarios, que hilaba tres años, se revirtió.
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Está pendiente conocer si las reformas al sistema penal devinieron en mejoría de la seguridad pública del estado. Pero resulta significativo que, en el mismo lapso en el que ha venido disminuyendo la población condenada por un delito, la incidencia delictiva, de acuerdo a los reportes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, casi se ha triplicado.
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Por cierto, parece que ante los innegables incrementos de la actividad delictiva en el estado y la capital que reflejan las cifras del SNSP, el mejor control de daños que se les ocurrió en ambas instancias fue seleccionar los resultados más convenientes y presumir una mejoría en la seguridad.
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Naturalmente, el resultado global, que fue ignorado, apunta en dirección contraria.
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Al intentar defenderse de la acusación de incurrir en proselitismo indebido previo al proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Ricardo Gallardo complicó la situación de su gobierno, llevándose en el lance a su coordinador de Comunicación Social.
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En la etapa de respuestas de los implicados por Acción Nacional y Movimiento Ciudadano en esa anomalía, algunos gobernadores que firmaron y difundieron en sus redes sociales un desplegado en apoyo a AMLO quisieron evadir el litigio responsabilizando a sus colaboradores de Comunicación Social del mensaje, alegando que el control de las cuentas de redes sociales, si bien eran suyas, estaba a cargo de sus subalternos.
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Así, prácticamente involucraron en la anomalía a sus colaboradores, que también fueron considerados responsables y sancionados, no solo por proselitismo indebido, sino también por uso indebido de recursos.
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Que sólo en 4 de los 18 gobiernos involucrados, la sanción afectara no sólo a los mandatarios, sino también a sus colaboradores, evidencia lo errado de la estrategia.
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¡HASTA MAÑANA!
