Contratos dirigidos “Arboricidio” en puerta
Las instancias encargadas de realizar obra pública en San Luis Potosí, las del estado y de algunas alcaldías han mostrado una marcada preferencia por una de las modalidades de contratación más controvertida: la asignación directa.
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Casi el 80 por ciento de las obras asignadas cayeron en esta modalidad, que ha sido señalada como fuente de suspicacias por la facilidad para “dirigir” los resultados para beneficiar a empresas.
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Las explicaciones sobre los motivos por los que se tomaron estas decisiones deberían ser justificadas. Y para ello es que fue diseñado el sistema de transparencia en el estado.
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Lástima que muy pocas autoridades cumplan con esa obligación.
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Por otro lado, es muy remoto que todas las autoridades encargadas de la obra pública del estado, entre las instancias del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, los ayuntamientos y organismos operadores de agua potable, como el Interapas, sólo hayan generado 232 contratos.
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Faltando más de la mitad de los municipios y otras dependencias en el Sistema Electrónico Estatal de Información Pública Gubernamental sobre Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, no es posible afirmar que ese registro, administrado por la Contraloría General del Estado, presenta toda la información sobre el tema.
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Es muy probable que el proyecto de hacer “icónica” la avenida Himno Nacional vaya a generar uno de los mayores arboricidios que la ciudad haya conocido.
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La vía no tiene espacio para crecer a doble carril sin tocar el camellón que alberga a más de 800 ejemplares, algunos de gran edad y gran altura. Y eso que ya se llevó las ciclovías.
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¿Cuántos de ellos sobrevirán a un trasplante? ¿Cuánto costará esa tarea a las autoridades? Ojalá que exista un plan que garantice la integridad de una buena parte del inventario arbóreo de a ciudad.
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Desde hace semanas, el aeropuerto Ponciano Arriaga ha sido blanco de críticas desde Palacio de Gobierno y de algunos representantes de la iniciativa privada, cuestionando que su obsolescencia está impactando la economía del estado por que no se generan más vuelos.
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El asunto ha ido hasta buscar que la concesionaria del aeropuerto, OMA, pierda la concesión, que le fue entregada por el gobierno federal.
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Pero al mismo tiempo, el Gobierno del Estado, a través de la Junta Estatal de Caminos, construirá una obra que beneficiará al cuestionado aeropuerto.
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Desde luego que la ampliación de la carretera al aeropuerto es algo benéfico, pero desconcierta que ante la hostilidad mostrada hacia la empresa, sea beneficiada indirectamente por
sus acusadores
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¡HASTA MAÑANA!
