Cuotas de conflicto Accidente evitable

No es un secreto que el precepto de que la educación en México es gratuita es sólo una verdad a medias. Desde hace muchos años, el Estado garantiza el financiamiento de la nómina educativa y la existencia de planteles educativos.

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Sin embargo, también desde hace décadas, las autoridades de todos los niveles de gobierno se han desentendido del mantenimiento de los inmuebles, dejando la carga de pagarlo a los padres de familia.

Es ahí donde nacen las cuotas establecidas por las sociedades de padres de familia, que tanta tensión han generado en las comunidades educativas.

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Y es que el problema radica en que son vitales para los planteles. Sin ellas, las escuelas no tendrían una limpieza adecuada, algunos servicios e incluso infraestructura.  

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Pero así como son de importantes, también están fuera de norma y, por ende, no son obligatorias.

Esto genera el problema que, ya sea por omisión de algunas familias o por la insuficiencia real de recursos, que la inflación ha agudizado en estos días, esos pagos no se hacen.

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Esto genera conflictos como los que se están viendo ahora. Con los dos casos de los que se da cuenta hoy, van tres reportes esta semana sobre tensión entre las sociedades de padres de familia y la comunidad de esos planteles, pues están tomándose medidas de mayor presión para lograr esos cobros.

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El más serio de estos mecanismos es el condicionamiento de la admisión de alumnos al pago de esa cuota. Legalmente, nadie puede supeditar la educación al pago de alguna cuota. Hacerlo no tiene ninguna fundamentación.

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Pero eso no resuelve el problema de que no hay recursos para solventar el vital mantenimiento de las escuelas. Y como se mencionó líneas arriba, el incremento de la carestía 

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Y aquí las miradas deben dirigirse a las autoridades. Ya ha sido demasiado el tiempo en que se han desentendido de una obligación que debería ser suya. Limitarse a decir que estas cuotas no son obligatorias es dejar sin solución el problema.

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Tras el infortunado accidente en el que una niña murió por caer en una alcantarilla sin tapa todos los ojos, y de manera justificada, voltearon hacia el Interapas.

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No haber repuesto la tapa robada es un factor directo del horrible desenlace. El organismo, e incluso otras instancias, deberán revisar si existe alguna responsabilidad de la dependencia. 

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Pero el Interapas y su posible negligencia son solo aristas del problema. No se puede perder de vista que se trata también de un problema de seguridad pública.

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Las autoridades de los tres niveles del gobierno no han podido combatir el robo de alcantarillas, realizado por ladrones que buscan recursos de su venta a fundiciones que aprovechan el metal.

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Las fallas en la vigilancia de las calles quedan así en evidencia. Ni siquiera la Plaza de Armas, quizá la zona con mayor seguridad de la capital, se ha librado de esta actividad delictiva.

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Para evitar la repetición de un hecho irreparable, el Interapas deberá peinar su zona de cobertura para detectar y reparar las alcantarillas. También se deberá dar un cambio radical sobre el material de las tapas de las alcantarillas. Abandonar el metal para desalentar su robo.

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Pero también, las medidas de seguridad deberán ser suficientes como para dejar de facilitar su labor a los beneficiarios de este delito.