Datos ocultos Pobre Ceepac
La presencia de la pandemia está menguando de manera innegable y San Luis, como muchas partes del mundo, se ha encaminado a la recuperación de la normalidad.
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Sin embargo, no ha sido, en muchas ocasiones, de un modo ordenado y transparente.
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Eso es lo que refleja, precisamente, el reporte conjunto de México Evalúa y el Tec de Monterrey en torno al modo en que se realizó en San Luis el regreso a las clases presenciales de miles de alumnos y maestros en la entidad.
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Que no se conocieran en su momento protocolos sanitarios, alcances de las pruebas de detección del Covid y la inversión en las muy necesarias reparaciones en decenas de planteles que padecieron prácticamente dos años de abandono, deja mal parada a una gestión que, tradicionalmente, ha tenido problemas con la transparencia.
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Hace unos días, la Comisión de Hacienda del Congreso anunció reformas al Código Penal del Estado y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San
Luis Potosí.
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En los comunicados oficiales, se mencionó que los legisladores “analizaron, discutieron y aprobaron” el establecimiento de montos máximos y mínimos en las sanciones aplicables a los que cometieran el delito de difusión ilícita de imágenes, que quedó con entre 3 y 6 años de prisión.
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Lo que no señala el documento es que no se trata de una iniciativa del Legislativo potosino, sino una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de enmendar una pifia de la pasada Legislatura.
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Los magistrados le enmendaron la plana en febrero de este año, al resolver una acción de inconstitucionalidad presentada en 2020 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que detectó la omisión de no establecer mínimos y máximos de sanción, lo que impedía aplicar el principio de la proporcionalidad de las penas.
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Es decir, que al menos en ese aspecto, eso de que los diputados “analizaron, discutieron y aprobaron” no es del todo exacto. Ya la CNDH y la Suprema Corte les habían hecho el trabajo.
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Hace unos días, el Instituto Nacional Electoral incluyó al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) en un listado de organismos públicos locales electorales cuyas actividades estarían en riesgo por los recortes electorales sufridos este año.
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La semana que entra, sus integrantes se encontrarán con que el riesgo persiste, pues la Secretaría de Finanzas no ha contestado a la solicitud de una ampliación presupuestal hecha por el consejo.
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La institución electoral parece tener una velita prendida ante una posibilidad de que la situación cambie, pero parece remoto.
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¡HASTA MAÑANA!
