Desigualdad El Realito, una broma
Vaya contraste entre las notas de la portada de la edición de hoy. Por un lado, los diputados locales disponiendo del erario para fijar a su contentillo los ingresos del personal a su cargo.
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Y por el otro, el dato de que decenas de miles de potosinos, aun teniendo el beneficio de la formalidad, no tienen ingresos para cubrir las necesidades más básicas.
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Son las diferencias de depender, unos, de sus propias decisiones a la hora de fijar los beneficios laborales y del erario, y otros, estar a expensas del mercado y de la economía cruda.
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En ese sentido, el servicio público, sobre todo en sus niveles más altos, se ha convertido en un privilegio cuya justificación es debatible. Que el funcionario público debe tener ingresos altos para compensarle los que perdería al trabajar en el sector privado o que deben ser de tal nivel para “evitarle” la tentación de caer en las garras de la corrupción, son algunas de las explicaciones.
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Pudieron haber funcionado en el pasado, pero actualmente, se han convertido en el escudo de tener un ingreso mayor que el grueso de la población.
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Con todo y que se presuman medidas de austeridad oficial. Los ingresos de los funcionarios legislativos se han congelado los últimos dos años, pero aún así, está a años luz del sueldo de un obrero de la Zona Industrial.
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El reporte de la organización Acción Ciudadana Contra la Pobreza también es un golpe a la interpretación del salario formal, reconocido por el IMSS, como el ideal para la fuerza laboral.
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Si las crecientes cifras de la economía informal han crecido es porque se han convertido a una alternativa a los ingresos reconocidos por las autoridades y
las empresas.
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De nueva cuenta, la delincuencia lanzó un desafío a la autoridad al balear, por segunda vez desde 2021, la comandancia municipal de Tamasopo.
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Que en aquel municipio, la autoridad agredida se congratule de que sólo hubo daños materiales, pero no de una respuesta efectiva a la agresión, indica que los municipios siguen siéndo los eslabones más débiles en la lucha contra
la delincuencia.
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Este 2023 no cumple ni siquiera el primer mes y el acueducto El Realito ya sufrió su cuarta falla del año. Una por semana.
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Si no fueran tan grandes los problemas que generan estos desperfectos, la situación sería ridícula.
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El estado ha tenido otros proyectos fallidos, pero ninguno tan desastroso como el acueducto manejado por empresas privadas.
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Desde hace años ha quedado comprobada la necesidad de que el estado rescinda el contrato de la obra y busque la manera de garantizar el abasto de agua para buena parte de la capital.
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Quizá como nunca, ahora es el momento. Siempre se ha dicho que el costo de la rescisión hace prohibitiva la medida, pero ante lo defectuoso del servicio, quizá sea necesario evaluar si vale la pena un gasto alto, pero que le pondría fin a deficiente servicio, en lugar de estar costeando, también con fuertes cantidades, el fiasco en que se ha convertido la obra.
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¡HASTA MAÑANA!
