Deuda creciente La herencia de la Cegaip
En los tiempos en los que la deuda estatal alcanzó una cifra récord, casi 15 mil millones de pesos, aparecen otros saldos negativos contra las finanzas de la entidad, que generan dudas sobre el total de los pasivos, heredados y propios, que enfrenta esta administración.
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La incertidumbre se amplia sobre las circunstancias que rodean a un adeudo con el ISSSTE, pues antes de iniciar este gobierno, la dependencia federal y la administración de Juan Manuel Carreras López, firmaron un convenio que garantizaba el pago de los pasivos, a través de descuentos a las participaciones federales.
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Firmado en 2019, el convenio logró disminuirle unos 450 millones de pesos a un saldo de mil 700 millones de pesos en el pasado gobierno, pero algo pasó en este que la deuda no sólo regresó al monto original, sino que se disparó otros 700 millones de pesos. La única explicación es que este gobierno continuó la misma práctica de los gobiernos que tanto repudia: no pagar lo que debía.
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La cifra reconocida de la deuda estatal potosina asusta, pero todavía más que podría ser más alta. No se sabe si este adeudo con el ISSSTE tiene que sumarse a los 15 mil millones de pesos, como también otros cinco mil millones, según la última cifra reconocida por la Dirección General de Pensiones, un adeudo que podría sumar casi dos mil millones de pesos en caso de que se pierda un litigio con el SAT y quién sabe cuántos más pasivos escondidos en el closet financiero de la administración.
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Cuando está por empezar la recta final de este gobierno, el futuro está ensombrecido por una deuda que, por más que se insista en Palacio, no es sólo herencia del pasado, sino que ha sido vigorosamente actualizada por las omisiones de este gobierno.
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La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública está condenada a desaparecer, pero todavía queda una pregunta en el aire: ¿dónde van a quedar los 25 millones de pesos que se le presupuestaron este año?
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Se trata de una suma cuyo destino no parece haberse definido. A principios de marzo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que la partida para la CEGAIP se destinaría a la naciente Secretaría de la Mujer e Igualdad Sustantiva. Se supondría que la nueva dependencia manejaría la partida del instituto de origen, que es de 33 millones de pesos, por lo que pasaría a superar los 50 millones de pesos si se concreta la transfusión financiera de la CEGAIP.
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Pero en el Congreso, la idea parece ser otra. Uno de los transitorios, el cuarto, de la iniciativa que presentó la diputada Sara Rocha para decretar la extinción legal de la CEGAIP, ordena que el dinero de la comisión pase a la Dirección General de Pensiones. Los problemas financieros ahí no se van a resolver con 25 millones de pesos, pero algo es algo.
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La diputada priista no explica los argumentos por los cuales propone que el emproblemado sistema de retiro estatal se beneficie de la extinción y tampoco por qué no tomó en cuenta el anuncio previo del gobernador.
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Sin embargo, nadie parece estar pensando en un detalle: ¿qué recursos tendría el organismo estatal que va a suplir al ente autónomo moribundo? El jueves se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que extinguirá al INAI federal.
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Entre sus disposiciones señala que el nuevo ente federal, bajo control del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, recibiría los bienes y recursos del INAI. ¿Se replicaría ese esquema aquí?
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En tanto, 25 millones esperan las cuentas en los que serán depositados.
