Dinero pro impunidad Apapacho legislativo
Todavía sin conocerse si existe alguna resolución en los procesos penales abiertos por la Fiscalía General de Justicia contra ex funcionarios del gobierno de Juan Manuel Carreras López, su sucesor, Ricardo Gallardo Cardona revela que el erario ya recibió de vuelta alrededor de 30 millones de pesos.
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Se trataría de cantidades entregadas presuntamente por exmiembros del pasado gabinete. No se manejaron nombres, pero sí sus cargos: la Secretaría de Salud.
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En el anuncio, el mandatario reveló que la devolución de los recursos “robados” podría dar una suerte de impunidad o de amnistía para los infractores.
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“No queremos a nadie en la cárcel, queremos que regresen lo que se robaron”, señaló el mandatario estatal.
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No quedó duda de que se refirió un ilícito: los recursos devueltos fueron “robados”.
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En ese sentido, será interesante saber si con la devolución de los recursos, los exfuncionarios sujetos a proceso se librarán de cualquier tipo de acusación y alcanzarían la libertad.
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No se ha hablado de otras consecuencias más que haber pasado algunas semanas en prisión para los exfuncionarios que, hasta el momento, siguen teniendo la etiqueta de presuntos. Ni siquiera la inhabilitación del servicio público.
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Por otro lado, no hay que olvidar que desde su discurso inaugural, el mandatario habló de cientos de millones de pesos desviados de la Secretaría de Salud. Recuperar 30 millones no parece ser un buen negocio.
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La salida del diputado morenista Cuauhtli Badillo Moreno para justificar ser el diputado con más retardos fue achacar a la prensa su impuntualidad.
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Atender el “chacaleo” reporteril que se da en cada sesión fue, según el legislador que regresó de realizar actividades partidistas, la causa por la que cosecha ya una decena de retardos. Bastante pueril, el pretexto.
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Pero el diputado de la 4T no sólo es beneficiario de la mano blanda de su patrón, el Congreso, que le consiente su impuntualidad.
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Como se decía, el legislador estaba ausente porque pidió permiso para separarse del cargo para apoyar la consulta de revocación de mandato del presidente de la República.
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Para ello, solicitó licencia, que le fue aprobada por el Pleno en la sesión del 17 de marzo, para reintegrarse el 11 de abril.
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El Congreso, generoso y sabedor de que, al no recibir las dietas, el morenista tendría necesidad de “cash”, le otorgó un préstamo por 32 mil pesos. No cabe duda de que el Legislativo potosino sabe consentir a quien trabaja ahí, así sea muy impuntual.
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¡HASTA MAÑANA!
