El Congreso, en aprietos Desastre anticorrupción
Tanto la Fiscalía General del Estado y el Congreso deberán dejar muy en claro el deslinde de responsabilidades por el señalamiento de Ciudadanos Observando de que un vehículo oficial del Legislativo fue utilizado en el robo a un hotel de Villa de Reyes
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Los incidentes que ha generado el descontrol de las unidades vehiculares del Legislativo, ya documentadas, hacen verosímil la versión de que otro de sus autos haya participado en tan grave hecho.
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Los primeros en descubrir la verdad deberían ser los propios diputados, pero el hecho de que la organización ciudadana enfocada a la transferencia haya detectado intentos de ocultar la verdad hacen surgir la duda de si los mandos medios involucrados actuaron por iniciativa propia o siguieron órdenes.
En ese esquema la FGE deberá resistirse a cualquier intento de influyentismo y determinar si el vehículo oficial estuvo involucrado en el robo.
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La evaluación que la Escuela de Gobierno y de Transformación del Tec de Monterrey hace a la fiscalía anticorrupción potosina bien podría extenderse al propio Sistema Estatal Anticorrupción: sin resultados, sin dinero y con escasa autonomía.
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Presentado como el principal objetivo del gobierno de Juan Manuel Carreras, tras despertar de la pesadilla corrupta que fue la administración torancista, la idea acabó en un chiste.
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Con una Fiscalía que más que sancionar, busca llegar a acuerdos en los pocos casos que se ha puesto a investigar.
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Su primer titular, Alejandro Vera, fue lastimosamente ninguneado por el gobernador y por la Fiscalía General del Estado, hasta el grado de que tiró la toalla.
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De su sustituto, apenas se ha sabido algo después de su nombramiento. En ambas etapas, la fiscalía ha sido inoperante.
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Lo mismo ocurre con el SEA. El proceso para formarse ha tomado los seis años de esta administración. La larga gestación fue entorpecida por el egoísmo y la ambición de algunos de sus miembros y el desinterés de las autoridades involucradas.
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La situación persiste. Constituida ya su infraestructura básica, algunas de las instituciones que lo integran se siguen negando a participar en reuniones que urgen para lograr avances.
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Por otra parte, hay renuencia de que algunas de las dependencias pasen al SEA algunas tareas. Por ley, al sistema le corresponderá ya el manejo de las declaraciones 3 de 3 de todos los funcionarios del estado, de los tres poderes, de los ayuntamientos y los organismos autónomos.
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Sin embargo, no se ha logrado mucho avance en este punto simplemente porque no se le quiere traspasar la información.
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Así, la lucha contra la corrupción está demostrando ser mera palabrería en el discurso carrerista.
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