Emergencia estatal El chantaje anual
Parece que el plan emergente contra la sequía deberá establecerse no sólo en la Zona Metropolitana. Los datos de la Comisión Nacional del Agua sobre el grado de estiaje en los municipios son desoladores, sólo ocho de ellos se salvaron, al inicio de este mes, de sufrir algún grado de sequía.
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Sin agua, no habrá cantidad alguna de dinero que pueda llevar agua a los hogares potosinos. Y hasta ahora, no se conoce de algún plan gubernamental para enfrentar el estiaje en todo
el estado.
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Sí, ha habido una encendida defensa del agua de la Huasteca ante los amagos de Nuevo León y de Tamaulipas de concretar el plan Monterrey VI o alguna de
sus variantes.
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Pero no se ha sabido nada de una medida que ayude a aprovechar esa agua, o incluso explorar otras posibles fuentes de abasto.
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El tiempo se acaba y las medidas que se pueden tomar ya son de emergencia. Ahora, habrá que jugar contra la sequía con las cartas disponibles, pero no parece que haya un buen juego.
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La Procesión del Silencio fue tomada otra vez como rehén político. El Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Gobierno del Estado y la administración gallardista empezaron el estira y afloja por el espa-
cio público.
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Desde hace algunos días, la Guardia Civil Estatal endureció la vigilancia en los accesos a la Plaza de Armas, previendo impedir la entrada de estructuras que los sindicalistas, u otros grupos, pretendieran introducir para instalarse frente a Palacio.
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El sindicato, por su parte, ya anunció que no se retirará de la plaza, lo que deja el escenario puesto para un desalojo.
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Habrá que ver si prevalece la calma y las partes optan por mantener una salida negociada.
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Lo que es sumamente censurable es que una de las principales tradiciones del estado sea, año con año, afectada por las disputas políticas.
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La tradición de que el hilo se rompa por lo más delgado está viva en el Congreso. Ante la multa que un juez federal le impuso a los integrantes de la Mesa Directiva del Legislativo potosino, la responsabilidad fue achacada a una omisión de su área Jurídica.
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El fallo, y la sanción consiguiente, sin embargo, fue dirigido contra los diputados, no contra un área específica del Legislativo, lo que señala de quién es la responsabilidad de la omisión.
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Por cierto, más valdría que las instancias del Congreso cumplan con el fallo, pues ante la posibilidad de que se reincida en el incumplimiento, las sanciones van a aumentar. Y no serán aplicadas al encargado del
área jurídica.
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¡HASTA MAÑANA!
