Freno electoral Carreteras inseguras
Después de irse desarrollando de manera vertiginosa, el proceso de reforma de la Ley Electoral del Estado para que el inicio de los comicios locales se pase de octubre a este año a enero del siguiente se topó con el Instituto Nacional Electoral.
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El máximo órgano electoral del país alzó la mano y señaló que en una reforma de esta naturaleza, los diputados tenían que tocar base en el instituto.
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Y tiene sentido. Los legisladores ya se preparan a llevar al Pleno la súbita iniciativa, pero al parecer se olvidaron que también hay una elección federal en ciernes. Y una de naturaleza presidencial.
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Al INE, las prisas potosinas parecen no afectarle, pues tiene su propio calendario. Señaló que debe ser consultado sobre las implicaciones que tendrá desfasar los procesos.
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La discusión, al parecer, no debe ser sólo de naturaleza monetaria, como pretextan en el Legislativo, sino logística y legal.
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A propósito de los dineros, resulta desconcertante que la promotora de la iniciativa, la diputada morenista Lidia Vargas, esgrimiera como uno de los motivos el presunto ahorro de recursos, pero al pedirle que lo cuantificara, la diputada admitió que la propuesta no la había calculado.
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Que aún con esa omisión, las comisiones dictaminadoras le dieran luz verde evidencian
que las prisas por aprobarla tendrían otras motivaciones.
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Pero lo pronto, el llamado del INE podría generar que el gozo legislativo se vaya al Pozos… perdón, al pozo.
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El ayuntamiento se hizo de una victoria legal importante al destrabar el litigio sobre las obras del paso inferior en El Saucito.
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Pero ahora enfrentará el muy latente riesgo de enfrentar un problema social, ante las protestas y bloqueos anunciados por los opositores a la obra.
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Hablar sobre los efectos negativos que genera la alta rotación en el gabinete de Ricardo Gallardo Cardona le dio a un sector de la oposición la posibilidad de algo que no es usual: una crítica directa a la administración estatal.
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Desde ineficiencias hasta inestabilidad en el desempeño público fueron los señalamientos más marcados.
No escapa de la atención que sean Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática los que originan los señalamientos. Acción Nacional y el PRI, al parecer, no quisieron entrar en líos con Palacio de Gobierno.
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Las carreteras potosinas son un peligro reconocido a nivel nacional. Las cifras del gobierno federal y de organismos privados coinciden en que el transporte de carga está inerme ante la delincuencia organizada.
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Seguramente que la mayor parte de los incidentes están concentrados en la carretera 57, de jurisdicción federal, lo que deja la mayor parte de la responsabilidad a la Guardia Nacional. Pero en este escenario, ¿dónde quedaron la División de Caminos de la Guardia Civil del estado y sus carrazos?
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¡HASTA MAÑANA!
