Hito del 8M Tragedias potosinas
La marcha del 8M había dejado fuera a Palacio de Gobierno de las protestas de la fecha, centrándose en otras instituciones, como la Fiscalía General del Estado, la UASLP y el Congreso estatal.
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Ayer, sin embargo, el edificio de la Sedesore y el Palacio de Gobierno, fueron blanco de la ira de las miles de mujeres, especialmente jóvenes que se reunieron a la protesta.
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Llama la atención que en su segundo año de gobierno, ningún grupo de manifestantes llegó a protestar frente a Palacio, mucho menos se atrevió a desmontar las numerosas vallas tras las cuales este gobierno encerró al inmueble público.
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Afortunadamente, salvo un desafortunado intento de dispersar a las inconformes con, aparentemente, polvo de extinguidores, no hubo una respuesta mayor de la autoridad.
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El asunto ahora es saber si las potosinas que ayer extendieron al Ejecutivo su lista de instituciones que tienen una deuda con las mujeres, mantendrá una presión estructurada para que se salden.
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De entre todo el drama político, diplomático y humano que dejó el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, de los cuales dos fueron asesinados, hay un dato de relevancia para el estado y que, parece, está siendo ignorado por las autoridades potosinas.
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El incidente no sólo dejó víctimas mortales de Estados Unidos, sino también a una mujer, blanco de una bala perdida. Se trataba de Areli Pablo, potosina de 33 años de edad, originaria de Axtla.
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La intervención del gobierno de Biden propició que las autoridades mexicanas ubicaran a los cuatro secuestrados y que se detuviera a un involucrado.
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Por Areli, ¿quién aboga?
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Y hablando de Tamaulipas y potosinos, el caso del Mijis va cobrando más relevancia. Llegó a la “mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador, que atendiendo a familiares del exdiputado potosino, indicó que se investigarían las sospechas de que su muerte no fue un accidente, sino un crimen.
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Y del vecino estado, llegó la respuesta de las autoridades estatales, que rechazaron las acusaciones de manera tajante y acusaron diversas falsedades en las que, según la Fiscalía de ese estado, incurre la familia de Pedro Carrizales.
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Las autoridades potosinas tienen ahora un panorama favorable para lograr rescindir el contrato con las empresas involucradas con El Realito.
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En materia de apoyo popular, no hay nadie en San Luis que le tenga aprecio al malogrado proyecto.
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Ahora, toca a los equipos jurídicos del Ejecutivo encontrar las rendijas que permitan al estado zafarse del peor negocio de su historia, sin pérdidas. O al menos no demasiadas
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¿Tendrá el Consejo General del INE otra adición potosina? Zelandia Bórquez Estrada, consejera del Ceepac, obtuvo la segunda mejor calificación entre las aspirantes a las consejerías que quedarán vacantes. Pasará a la siguiente fase y tiene buenas posibilidades de sumarse a Martín Faz.
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¡HASTAMAÑANA!
