Imprevistos Sumas y restas
La salida de Fernando Chávez Méndez de la Secretaría General del Ayuntamiento capitalino trastocó los esquemas de acción a corto plazo del gobierno de Enrique Galindo Ceballos.
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A la par del anuncio del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de que Enrique Torres saldría de la dirección del Interapas, surgió la versión de que el exfuncionario carrerista, y de varias otras administraciones estatales, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, llegaría al Interapas.
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Que la mañana de ayer, éste rindiera protesta como secretario de gobierno resultó sorpresivo. Al parecer, la noche del miércoles estaba previsto su nombramiento en Interapas, situación que fue cancelada.
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La otra banda de la carambola en la alcaldía fue en el Interapas, cerrado el arribo de Hernández Delgadillo, se optó por una opción temporal: designar como encargado de despacho al hasta ayer director jurídico José Antonio Lugo Álvarez.
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Dada la naturaleza provisional del nombramiento, no parece muy factible que su paso por el Interapas vaya a generar soluciones a los problemas más inmediatos del organismo. Habrá que ver cuánto tiempo se mantiene esta situación en el organismo.
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Del enorme torrente de datos que se derivó de la aprobación del presupuesto de egresos para 2023, y de la que no se ha hablado mucho, es que el Congreso sí modificó algunas de las partidas para dependencias estatales que en la iniciativa enviada por el Ejecutivo quedaron en números rojos, a fin de sacarlas de esa categoría.
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Se trata de las secretarías de Educación, de Salud y de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, a las que se le inyectaron las cantidades suficientes para transformar su presupuesto de deficitario a números negros.
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Además, se le dieron 300 millones de pesos extra a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
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Las medidas eran una petición de algunos diputados, que afirmaron que se negarían a aplicar recortes a dependencias prioritarias. Pero también beneficiaría al gobierno, sin cuya anuencia, no hubieran sido posible estas modificaciones, que comprendió que los recortes a rubros tan sensibles eran un problema de imagen.
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Lo que queda pendiente por saber es de qué dependencia o dependencias recortaron esas sumas para mejorar el presupuesto de esas cuatro secretarías. Con las partidas ya aprobadas, resulta forzoso restar de algún lado para sumar al otro.
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Otro dato del presupuesto, aprobado: el despacho del Ejecutivo dispondrá en 2023 de 86 millones de pesos.
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Parece que en lugar de enfocar sus esfuerzos en preparar el plan de manejo del área natural protegida de Joya Honda, el gobierno del estado y la Segam dedicaron sus esfuerzos en planear una estrategia legal para anular el amparo que exhibió sus omisiones y fallos en esa obligación.
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El argumento más risible es el de la Segam, que apela al juez al señalar que 30 días para emitir el plan es muy poco tiempo, cuando han tenido 20 meses para cumplir esa tarea.
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¡HASTA MAÑANA!
