INE retrasa a RGC Medida deseable
El gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona deberá esperar un poco más antes de considerar seguro su acceso al Palacio de Gobierno. Ello por cortesía del INE, que optó por alargar la definición del expediente abierto por diversas irregularidades en su campaña reportadas por sus opositores.
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El argumento del INE fue acumular varias denuncias y realizar un estudio minucioso de los dictámenes.
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En la práctica, es un contratiempo que seguramente le quitará al alcalde y al PVEM la posibilidad de que la llegada a Palacio de Gobierno es inevitable.
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Y si bien no puede considerarse como una victoria, le sigue dando oxígeno a la Coalición Sí por San Luis en su pretensión de cerrarle el paso a Ricardo Gallardo.
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En donde sí hubo un derrotado fue en los expedientes contra el resto de los candidatos estatales. Y ese fue el Partido Verde, que no logró ningún fallo favorable, pues sus denuncias a Morena, la propia coalición y a Redes Sociales Progresistas fracasaron, algunas por argumentos risibles, como la presentación como pruebas de versiones periodísticas.
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Lo anterior confirma la idea de que las impugnaciones electorales, en muchos casos, son meras maniobras retardatorias más que herramientas para lograr la justicia electoral.
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Las cifras diarias de contagios de coronavirus ya son incontrovertibles: estamos en el tercer pico de la pandemia. Por primera vez en meses, el estado ya está de nuevo en más de mil casos activos, es decir, personas contagiadas que tienen capacidad de contagiar el virus.
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La diferencia total con respecto a las otras dos escaladas de contagios es que la vacuna está limitando bastante los fallecimientos lo cual, indiscutiblemente, es algo positivo.
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Pero también es inocultable que la sociedad potosina y la economía potosinas ya no están dispuestos a volver al confinamiento. No lo resistirían.
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El Estado lo entiende muy bien. Es por ello que modificará los criterios del semáforo sanitario para dejarlo lo más laxo posible. No lo van a admitir, pero parece que la política será que la salud dependerá de cada quién.
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El problema es que la ciudadanía y buen número de instituciones no ha adoptado de manera formal las medidas sanitarias que garantizan evadir cualquier contagio, especialmente las que están relacionadas con los riesgos que representan los encuentros multitudinarios y con la importancia de la vacunación.
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Por eso cobra peso la idea de obligar a la ciudadanía que desee acudir a sitios públicos, como restaurantes, antros y bares, a mostrar un certificado de vacunación o una prueba negativa del virus, si es que quiere entrar.
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La medida mataría dos pájaros de un tiro: obligaría a los reticentes a vacunarse y minimizaría la posibilidad de contagio en lugares concurridos.
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La prueba negativa podría funcionar también, pero su costo inhibiría la posibilidad de usarlo como comprobante.
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La medida ya se aplica en algunas partes del mundo y aquí, contó con la simpatía de la Secretaría de Salud. Las autoridades y las empresas en donde podría aplicarse deberán buscar los mecanismos para establecer un sistema práctico para condicionar la entrada a lugares públicos.
