Juicio a San Luis Oneroso cobrador
Anoche empezó a circular la versión de que las corporaciones de seguridad encontraron y rescataron a otros diez migrantes extranjeros, venezolanos, presuntamente, en una casa en condiciones de abandono en la colonia Mitras de Matehuala, con lo que subiría a 131 las personas víctimas de secuestro, entre migrantes sin documentos y mexicanos en la semana que concluye.
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Es muy probable que, mediáticamente, sea presumido como un logro de las corporaciones de seguridad estatales y federales, igual que como el gobierno del estado intentó transformar el sonoro desastre de estos días en un caso de éxito.
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Para variar, sería positivo que en lugar de idear los consabidos autoelogios, alguien en Palacio lea las decenas de portadas, análisis, comentarios, columnas y notas en medios nacionales e internacionales que generó el secuestro de 23 viajantes originarios de Matehuala.
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Lo preocupante es la coincidencia en las conclusiones: Matehuala es un Triángulo de la Bermudas migratorio en el que campean los grupos delictivos; los mismos son responsables de acciones delictivas sistemáticas que están afectando a los viajeros de la carretera 57, sin importar si son mexicanos, extranjeros, ciudadanos o de permanencia irregular; y este siniestro escenario es posible gracias a que las autoridades de todos los niveles o son ineptos o miran hacia otro lado ante el crimen evidente o son un engranaje más de la maquinaria.
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La contratación de servicios de cobranza por parte de dependencias que entre sus atribuciones está la captación de contribuciones no ha registrado buenos antecedentes.
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El Interapas, hace algunos años, delegó ese servicio a una empresa privada y generó una denuncia por presuntas anomalías.
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Ahora, la Secretaría de Finanzas realizó una peculiar contratación de este servicio. En el papel, el pago fue pactado en 59.9 millones de pesos, pero quedó abierto a una suma variable, dependiendo del monto que se recaude tras la cacería de morosos del antes conocido impuesto a la nómina.
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¿Por qué contratar a una empresa para hacer lo que se supone la dependencia puede hacer? Después de todo, tiene los registros de los contribuyentes.
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¿O no? Una explicación de esta necesidad sería consecuencia del hackeo a los sistemas de la Secretaría de Finanzas.
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Quizá por eso, el contrato establece como justificación para evadir la licitación y adjudicar el contrato directamente al que existen “circunstancias que puedan provocar trastornos graves a la institución o costos adicionales importantes en el precio de los bienes o servicios”.
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O simplemente fue la justificación más a la mano que tenían.
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Al final, la politiquería y el revanchismo acabaron afectando a la Procesión del Silencio. Lo dicho, echaron a perder algo que funcionaba.
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¡HASTA MAÑANA!
