Justicia débil El siguiente paso
Ante el enorme iceberg de la delincuencia en San Luis Potosí, el estado apenas tiene un picahielo para enfrentarlo.
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Porque es mínima la mella que pueden hacer los mecanismos de procuración e impartición de justicia ante la ingente cantidad de carpetas de investigación, en 2021 fueron 44 mil.
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Ante esa suma, menos de 200 casos llegaron hasta la última instancia, la de la sentencia. Y el Poder Judicial del Estado todavía presumió un incremento de 46 por ciento con respecto al año anterior.
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Con esos números se hace difícil, casi imposible, hablar de que la justicia es un derecho para los potosinos.
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Ya lo habían anticipado estudios de organizaciones como México Evalúa y el Instituto Mexicano de la Competitividad: la justicia en San Luis es una de las que peor desempeño tiene en el país.
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Y lo es pese a que, año tras año, las dependencias involucradas con garantizarle a los potosinos un acceso a la justicia rápido y expedito, reciben montañas de dinero.
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Urge una revisión de procedimientos y desempeños para encontrar en dónde se tapona el curso de los procedimientos judiciales.
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Y hablando de procuración de justicia, la administración gallardista está en un punto interesante que podría indicar si de veras quiere hacer una diferencia con respecto a las que le antecedieron.
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Se trata del caso del empresario Gabriel Salazar, recién detenido por el caso de Invercorp, una empresa de inversiones acusada de presunto fraude.
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La maraña de intereses de este polémico personaje se extendió hasta la polémica Secretaría de Salud que comandó Mónica Rangel.
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Entre los muchos casos sospechosos de malos manejos bajo la administración de la fracasada candidata a la gubernatura, se contó una serie de contratos millonarios con empresas del autoproclamado gurú financiero.
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El año pasado, la doctora pasó momentos difíciles con esos asuntos, negando los contratos y luego, sorprendida en la mentira, tratando de justificarlos después.
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Hubo denuncias penales por estos casos. Habrá que estar pendiente si la decisión inicial de ir por el empresario se extiende a la ex funcionaria.
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Hubo muy poca educación en el Sistema Educativo Estatal Regular la semana pasada.
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De manera intempestiva una veintena de oficinas de algunos inspectores escolares fueron, literalmente, desalojadas, como en desahucio mercantil. Trabajadores sacaron computadora, papelería y mobiliario de sus antiguos ocupantes para dejar espacio a una nueva camada de funcionarios que entró con la nueva dirección.
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En la poco elegante operación, resultaron dañadas algunas computadoras.
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Días antes, se avisó a los hoy desalojados que desocuparan sus oficinas para los funcionarios entrantes. Del aviso, se pasó repentinamente a la acción.
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¿Y a dónde van a ir los desalojados? En teoría, a alguna escuela de las que les toca inspeccionar, pero no hay garantía de que ocupen lugar.
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¡HASTA MAÑANA!
