Justicia lenta Tránsitos violando la ley

En un mes llega el segundo año cumplido desde que el entonces presidente local del Centro Empresarial Potosino, Julio César Galindo Pérez, fue asesinado. La realidad estalló en la cara de todos aquellos servidores públicos que presumieron un estado seguro. La violencia había alcanzado a un dirigente empresarial que se dedicaba a una actividad económica honesta. Aquella ocasión, usuarios de redes sociales con toda probabilidad ligados al grupo delincuencial que provocó la muerte del empresario, por entonces se apresuraron a emprender una campaña infamante a manera de justificación del crimen.

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En pocos días ya había personas detenidas que según los datos de la autoridad estaban en contubernio o participaron en el homicidio. Desde entonces se ha desenredado un muy largo proceso, en el que la autoridad investigadora no da pie con bola para conseguir una investigación completa, pulcra y encaminada a resolver el proceso penal. La tardanza es tan absurda como los tantos casos que llegan a las mesas del Ministerio Público y se quedaron en el tintero por dolo, negligencia o incompetencia del agente responsable de recibir denuncias y comenzar a procesar una investigación o en su caso, cumplir con su obligación de dar parte a otra autoridad competente.

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El gran problema para una autoridad que no resuelve, es que en este caso y para cuestión de su imagen pública, no se trata de un ciudadano anónimo, indefenso y poco conocedor del derecho, sino de la cúpula empresarial que lleva todos los días la radiografía de lo que sucede con la justicia en todo el país. El sistema de justicia lento está diseñado para ciudadanos que podrían no haber pasado de niveles educativos que les permitan comprender lo que sucede. Hay una nueva generación de operadores de un sistema penal que no termina de funcionar porque las nuevas prácticas también generaron un nuevo sistema de dilación de la procuración y administración de la justicia. 

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Es preciso recordar datos tales como los que se encuentran en el grupo de abogados de Miguel Carbonell, los de Mexicanos Contra la Impunidad y la Corrupción y otros órganos de seguimiento, que dan cuenta de que apenas el 1 por ciento de los delitos llevan a una investigación seria y frecuentemente a un arreglo conciliatorio o una sentencia condenatoria. De ese tamaño es la falta de funcionalidad de las instituciones en todo el país, cuando se trata de la investigación criminal. De ese tamaño es la indignación de los dirigentes empresariales del Bajío mexicano y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), por un sistema de justicia que no respeta ni a los que saben.

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Es importante para la autoridad saber a qué le juegan los agentes de Tránsito que andan por la vida violando la ley. Un ejemplo es el de aquellos que a pesar de que la Ley de Tránsito lo prohíbe, siguen quitando placas de los automóviles, basados en un reglamento que se contradice y además no pesa más que el mandato de aplicación general a nivel estatal. En realidad, el actuar de los agentes policiales municipales en la zona metropolitana de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez no es una sorpresa. Por lo general en temporada decembrina se ponen mucho más “reglistas”, y no precisamente con el que maneja de manera temeraria después de consumir alcohol, sino con el que se deje. El de atrás paga, y ese que paga el error es el Ayuntamiento, con los impuestos que aportamos todos los potosinos.

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¡¡HASTA MAÑANA!!