La culpa es de otro Fallo dado...
Parece que el sistema legal actual se ha vuelto el “villano favorito” de las autoridades estatales, o al menos, el más útil para justificar las fallas propias.
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Primero fue el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien acusó a los juzgados federales de propiciar una “puerta giratoria” que permite la salida de los criminales que las corporaciones policiacas y la instancia estatal de procuración de justicia logran capturar y someter a proceso.
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Ahora, la lucha contra la corrupción, al menos en tres casos, se ve entorpecida por la falta de cooperación de las instancias de control financiero que permiten, bajo estrictas condiciones, conocer los movimientos financieros de las personas de interés de las investigaciones de la autoridad, en este caso, de la Fiscalía Anticorrupción.
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Sin embargo, las reglas están ahí y ofrecen mecanismos para lograr distintos fines, como lograr revelar los movimientos financieros de exfuncionarios sospechosos de actos de corrupción, o mantener a criminales en la cárcel.
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Si hay pruebas de que una instancia financiera o judicial bloquea los esfuerzos de alguna autoridad local, lo que se espera es que se muestren pruebas de esta interferencia.
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Hasta que eso no ocurra, las dudas de que el alegato es un mero pretexto son comprensibles.
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El Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación propinó ayer un gran revés a la 4T y a los 17 gobernadores, entre ellos, Ricardo Gallardo Cardona, que firmaron un desplegado de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador en el periodo en el que estaba prohibido hacer este tipo de manifestaciones, pues estaba vigente la veda electoral ordenada por el proceso de consulta de revocación de mandato.
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Ayer, en una sesión clave, los magistrados electorales ratificaron el fallo de que habían infringido la prohibición de hacer propaganda gubernamental.
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Pero en el caso del mandatario potosino, los magistrados ratificaron también el ejercicio indebido de recursos públicos. Sólo aquí, en Nayarit y Sonora se pudo acreditar esa conducta indebida.
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Queda pendiente la aplicación de las sanciones, pero parece que los gobernadores encontrados culpables no van a poder librarse de ese revés.
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Aunque la delincuencia dio un aparente respiro en las estadísticas, no se puede dejar de señalar que por segundo mes consecutivo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó en junio más de cinco mil denuncias en San Luis.
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En mayo, el estado rompió todas las marcas de los 25 años que se lleva registrando la estadística delictiva, al registrar alrededor de cinco mil 200 denuncias. Este año, fueron menos de cinco mil 100.
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Sin embargo, presumir esa ligera baja como un avance sería sumamente cuestionable.
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¡HASTA MAÑANA!
