La Ley de Herodes El negocio del ADN

Hacer las cosas por capricho, siempre trae sus consecuencias. Hay quien desde un podium pidió a los mexicanos contar con sus estampitas religiosas para evitar el coronavirus, o afirmó desde ese mismo micrófono que solo les da el SARS CoV-2 a las personas que mienten, roban y traicionan. Es, nada menos que la misma persona que con base en los puntos de vista, sobre todo de pseudo activistas que incluso en ocasiones vendieron 2, 3, 4 y hasta 5 veces un mismo predio a varias personas, se nutrió de información solo de una de las partes, para determinar en forma unilateral el uso de suelo de miles de hectáreas de la Sierra de San Miguelito.

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Con independencia de la intención, y de los fines ambientales, las formas no fueron las correctas, si se considera que el decreto presidencial emitido, es tan producto de un capricho del presidente, como la muy poco transparente construcción de un aeropuerto en Santa Lucía, un Tren Maya y una refinería de combustibles fósiles en plena era de la conversión a las energías limpias, en las que por cierto, plantea una reforma energética que pretende cobrar un impuesto a los particulares que utilicen paneles solares para consumir su propia electricidad. Cualquier semejanza con Antonio López de Santa Anna y el cobro de impuestos por cada ventana, de ninguna manera es mera coincidencia. Es el hecho de llevar reformas hasta un punto donde ya no prevalece la razón.

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En todo este embrollo donde un presidente aplica la Ley de Herodes, quizá el único punto de equilibrio es el Poder Judicial de la Federación. Con un Congreso subordinado y otras instituciones de impartición de justicia doblegadas al poder presidencial, el único respiro, está representado por los jueces que en principio analizan los asuntos y  piden corregir las cosas, o suspender los actos de gobierno hasta que las cosas sean juzgadas de fondo. La historia del jaloneo entre un grupo de 36 núcleos agrarios de San Luis Potosí, compuestos por comunidades y ejidos contra la iniciativa presidencial, apenas empieza.

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Una pérdida de control de expedientes, parece ser la principal situación que envuelve a la donación de una base de datos de personas fallecidas no identificadas. Si entre ellos hay un mínimo de 150 perfiles de personas fallecidas que pudieran ser potosinos, la situación cobra niveles de necesidad de investigación local, sobre todo si se considera que quien tiene la obligación de localizar a las personas no identificadas, y darles su identidad para que los familiares tengan acceso a ella, es la autoridad responsable del desahogo de investigaciones, y de invertir como estado en el equipo que resulte necesario para el desahogo de las tareas de esclarecimiento de conductas delictivas y el establecimiento de perfiles clínicos criminológicos por ejemplo e identidades de personas que no llevan una credencial o se encuentran lejos de algún pariente que pudiera decir quiénes son.

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La situación que reviste importancia, es el hecho de que los datos que aparecen como parte de los que puede usar una empresa privada denominada Central ADN, eran utilizados para ofrecer a los familiares el servicio de identificación de cuerpos, a cambio de un cobro por el servicio. La situación remite a lo ya observado. La autoridades quien se obliga a contar con el instrumental para desahogar los procesos de interpretación del ADN y localizar a los familiares, en medio de un escenario donde el gobierno Estatal anterior ni siquiera invirtió el presupuesto suficiente en la Fiscalía para las tareas de investigación. Era un gobierno chiquito y con aspiraciones cortas.

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La donación de los datos sin el consentimiento de los probables familiares, mete a la fiscalía en un embrollo relacionado con alguna probable infracción en materia de transparencia administrativa y acceso a la información. El hecho de que una empresa esté haciendo negocio, además de demostrar la incapacidad del Estado también denota que algo no está ocurriendo en la forma legalmente correcta.

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¡¡HASTA MAÑANA!!