Litigando contra su “casa” Comercio y Puerta Violeta

Con justa razón, el alumnado de diferentes escuelas y facultades reveló casos de hostigamiento sexual como los que han puesto de relieve estudiantes en diferentes áreas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sin embargo, hay un asunto que llama la atención en forma particular. Docentes y administrativos señalados por asuntos sexuales se defendieron como pudieron y se agarraron de lo que encontraron, para intentar aminorar la indignación de las estudiantes. 

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El aspecto más relevante, salta a la vista con un abogado defensor que trabaja en una institución contra la que hace su propio litigio. No es un abogado cualquiera. Su cargo es el de secretario general de la Facultad de Derecho. Su misión: defender a un profesor de la Facultad de Ciencias Químicas acusado precisamente de acoso sexual contra alumnas.

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El asunto no tendría mayor importancia si el abogado no cumpliera una función ejecutiva dentro de la institución universitaria. Es verdad que los servicios profesionales forman parte de la actividad del abogado, pero en esta ocasión, algo tendrá que explicar de la posición en la que se convierte en automático en un litigador que defiende a un profesor, y al mismo tiempo funcionario de la institución.

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Lo profesionalmente correcto, es que el funcionario se mantuviera al margen de la defensa del profesor desde la trinchera de su despacho jurídico. Si bien la docencia no está peleada con el ejercicio profesional de su área de especialidad, porque precisamente de ella se nutre la enseñanza, lo cierto es que se rompió la línea entre ejercer un cargo ejecutivo y dejar que otros defiendan o en su caso se conviertan en detractores del profesor.

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En las manzanas demolidas entre Melchor Ocampo y Julián de los Reyes, había planes de crear el Complejo Vial Reforma, que al final no fue factible, y la alcaldía encontró un mejor uso, en la recuperación de espacios públicos, a manera de jardines y plazas conmemorativas. Sin embargo y una vez juzgada la falta de factibilidad del proyecto justo en la misma línea de lo que hoy es el Colector Pluvial Reforma, la alcaldía adquirió reserva territorial que finalmente le sirvió para otros usos. 

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Fue así como, bajo la condición de realizar proyectos de seguridad pública, la Unión Europea financió el denominado Centro Unión, en un edificio cuya construcción fue iniciada en el trienio de Mario García Valdez, con la idea inicial de crear una comandancia de policía. Sin embargo, el dinero de la Unión Europea se usó para crear programas preventivos de seguridad.

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Resulta que a alguien en el Ayuntamiento de la capital se le ocurrió reubicar la Dirección de Comercio justo en ese lugar. Peor decisión no se les pudo ocurrir, si en el mismo inmueble pudieran coincidir comerciantes ambulantes, comerciantes establecidos, vendedores de la vía pública en puestos semifijos y hasta antreros o empleados de antros, y quién sabe si entre ellos algún marido resentido por un hecho de violencia, que pudiera vulnerar la integridad de las mujeres maltratadas.

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¿Que necesidad de colocar Comercio ahí? Por principio de cuentas, es una falta de respeto a las mujeres. Comercio cabe en cualquier edificio. Los ambulantes inconformes cerrarían dos calles principales y estrangularían la ciudad. Si la alcaldía tiene ganas de usar recursos en ese edificio, en todo caso no le vendría mal ampliar el área y el ejercicio de recursos para los programas de prevención.

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¡¡HASTA MAÑANA!!