Los motivos de EU ¿Firma a ciegas?
No fue una ciudadana estadounidense, sino de Canadá, pero ejemplifica claramente el punto de vista del Departamento de Estado sobre San Luis Potosí.
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En agosto pasado, en un bar de Valles, la mujer recibió un balazo fortuito, disparado por los atacantes de un sujeto que estaba cerca de ella y de su amiga.
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Le tocó una bala perdida por quedar en medio de un ataque delictivo.
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Por asuntos como ese, la alerta de viaje emitida ayer por el gobierno de Estados Unidos mantiene a San Luis dentro de la lista negra de estados mexicanos peligrosos.
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No ha salido de ella prácticamente en nueve años, desde que un grupo delictivo asesinó a un agente estadounidense, e hirió a otro, en la carretera 57.
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En ese lapso, ni las administraciones federales ni las estatales que han ido y venido pudieron mejorar la situación.
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El estado podrá argumentar que el flujo de visitantes extranjeros no ha variado pese a las alertas o presentar como un logro que gobiernos como el de Nueva Zelanda, el Reino Unido u otros no han incluido al estado en sus alertas.
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Pero las alertas siguen manchando la imagen de San Luis ante el mundo.
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Ahora bien, también hay que señalar la incongruencia de la administración Trump al dejar a Guanajuato, sumergido desde hace meses en la peor violencia criminal, con una mejor calificación que la de San Luis.
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Y mientras es señalado en el extranjero, aquí se da el ya gastado debate en el que se señalan los errores de la estrategia de seguridad de gobierno del estado y en respuesta, desde instancias estatales se descarta que existan fallas.
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Desde luego, que la realidad es la que se impone al final.
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En el Comité de Transparencia del Congreso del Estado parecen no estar al tanto de lo que publican. Esa instancia respondió a las quejas mediáticas el presunto ocultamiento del listado de cheques emitidos por el Legislativo en octubre.
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El despido de la titular de Finanzas fue esgrimido como motivo del retraso. Y, si bien es cierto que en el apartado de transparencia de la página web del Congreso, el listado no aparece, desde el pasado 12 de noviembre, está disponible en la Plataforma Estatal de Transparencia.
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El asunto refleja que la Comisión no está tan al tanto de los datos que publica el Congreso.
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El secretario general de Gobierno Alejandro Leal Tovías firmó los acuerdos sobre los fondos federales recibidos para programas de la alerta de género y debería saberlo bien: si no están ejercidos antes del 31 de diciembre, deben reintegrarse, pese a que el estado haya dispuesto sólo de tres meses para erogarlos.
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Sin embargo, de manera inexplicable señala que dichos fondos pueden gastarse el año entrante.
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¿Supo lo que firmó o es una cortina de humo para minimizar la posibilidad de que esos fondos se pierdan?
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¡HASTA MAÑANA!
