Los pendientes de Manuelita El interminable Rich

Pasan los meses y no se ve algo destacado del periodo de Manuela García Cázares al frente de la Fiscalía General del Estado. El trabajo de los agentes del Ministerio Público no parece interesar en el recuento estadístico de su tarea, al menos para fines informativos. Es cierto que algunos de ellos se desviven por sacar algún trabajo adelante, pero otros han tenido papeles tan vergonzosos como el retraso de las investigaciones o en su caso, algunas que han resultado una verdadera simulación, por ejemplo en los casos políticos, donde gracias a la máxima publicidad, se ha dado cuenta de que alguien no hizo la tarea, la hizo mal o incluso la interpretó con dolo. 

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Para muestra de una actividad ministerial que no termina de convencer, está el caso del rastreo de más de 32 millones de pesos que dice la teoría del caso que fueron extraviados durante el sexenio estatal anterior, amparados en una larga cuenta de compras de tambos de insecticida, que según eso, serían usados para combatir el mosquito del dengue en todo el estado, según los términos del fraude que obra en la exposición que realizaron veinte de 26 testigos con los que el Ministerio Público armó una historia. Sin embargo, hay indicadores de que la autoridad investigadora no solo hizo mal el trabajo, sino que perdió el tiempo imputando a un exfuncionario sin presentar pruebas de trazabilidad, en un caso donde por cierto hasta la fecha se han olvidado de los autores materiales de los hechos, es decir, de quienes se habrían llevado el dinero. 

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Así, con ese grado de error quedan documentados una y otra vez casos que el Ministerio Público no puede amarrar, y que por lo menos en el actual sistema judicial hoy autonomos se pueden controvertir si los jueces federales todavía autónomos hacen su trabajo. El sistema penal acusatorio de perfil mayoritariamente garantista se quedó en el papel y en el artículo 20 constitucional, con una idea de valorar la investigación científica como prueba de la acusación, pero con un espíritu del viejo sistema penal inquisitivo. Eso nada más es lo que ocurre con el trabajo que los agentes de Ministerio Público sí realizan, obviamente basados en una pobre investigación científica.

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Y a propósito de investigación de delitos todo lo que llevó a su consumación, en el aspecto administrativo, los avances por acción u omisión de autoridades en el caso del accidente del 7 de junio en el antro Rich, no terminan de convencer. Para los padres de los jóvenes fallecidos, da lo mismo si la alcaldía sanciona o no a sus funcionarios. Con el daño causado ya nadie podrá reparar algo. Hasta ahora el más completo de los expedientes se encuentra en la cancha de la Alcaldía de la capital, con funcionarios que desde la óptica de su Contraloría tienen algo que ver con el resultado fatal del antro.

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Por el lado del Gobierno del Estado, la versión oficial es una intervención monetaria de casi 6 millones de pesos para apoyar a los familiares y a las víctimas por medio de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). El carácter viral del percance aporta nuevas aristas de análisis, si se considera que para este caso en particular nadie ahorró recursos y atendieron las solicitudes financieras de los familiares de cada una de las víctimas que resultaron con lesiones. Lo que llama la atención ahora es que una investigación de los órganos internos de investigación, sigue sin concluir la revisión del caso y el deslinde de las responsabilidades. 

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No hay ni siquiera un pronunciamiento encaminado a imputar ni siquiera a un pobre trabajador que no tiene padrinos, toda la responsabilidad desde la esfera estatal en el incidente, por aquello de que no se quiera tocar ni con el pétalo de una rosa a funcionarios de mayor rango. De hecho, ya bajó la temperatura de la discusión pública del accidente, y de pronto bajó la actividad de las direcciones de Protección Civil, Gobernación, Comercio de la alcaldía de la capital y la Unidad Municipal de Protección Civil. 

¡HASTA MAÑANA!