Maquillaje al delito Con “Alito”
Entre los mecanismos que las autoridades de todos los niveles utilizan para evadir su responsabilidad en el desastre que ha generado la inseguridad en San Luis están la negación e incluso la mentira.
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Pese a lo que la realidad muestra en todo el territorio potosino (ayer se registraron incidentes que dejaron ocho muertes violentas), además de las estadísticas, hay autoridades que se esfuerzan en asegurar que pasa lo contrario: que el territorio está tranquilo y que incluso se ha logrado revertir la tendencia alcista de la actividad delictiva.
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Es el caso de Soledad de Graciano Sánchez. Frecuentemente, y sólo con las afirmaciones plasmadas en boletines, hablan de reducciones de hasta el 80 por ciento en la incidencia de algunos delitos o, de la generalidad de ellos.
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Una revisión de las cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin embargo, expone lo que es más lógico: en abril, las denuncias han aumentado, tanto con respecto al año pasado como con el mes anterior.
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Hay reducciones, desde luego, pero son las menos. Y ninguna de los niveles fantasiosos que presumen en la corporación.
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Negar la realidad no puede ser positivo, pero agregarle la mentira sólo puede empeorar las cosas.
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Pese al desastroso desempeño de Alejandro Moreno Cárdenas al frente de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, todavía queda quién respalde al ya muy débil dirigente tricolor.
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Ayer, en un desplegado que recordó el mecanismo de la “cargada”, casi todos los dirigentes estatales del PRI manifestaron su apoyo “total y absoluto” a Moreno Cárdenas. Desde luego que el nombre de Elías Pesina, líder tricolor potosino, aparece en el listado.
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Del texto, resalta su total ausencia de autocrítica, achacando a factores externos, nunca a las contradicciones y fallas internas, las derrotas del tricolor, que ya han sido bastantes.
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Con esas actitudes, se explica por qué el PRI ha caído en picada.
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Las quejas contra las limitaciones del aeropuerto Ponciano Arriaga pudieran estar justificadas, pero el amago de arrebatar la concesión a OMA, empresa que detenta el contrato, podría no ser más que eso.
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La concesión es competencia federal, y lo único que puede hacer el gobierno del estado, además de reclamar, es empezar a gestionar y documentar la solicitud ante la SCT federal.
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Y que se sepa, tales esfuerzos no han iniciado. Quizá la administración gallardista ya esté en esas, pero por lo que se sabe públicamente, no se conoce de alguna acción al respecto.
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¡HASTA MAÑANA!



