Millones en duda Congreso, en alerta
El discurso de transparencia, honestidad y lucha anticorrupción de la administración estatal se verá comprometido desde este fin de semana con la emisión de los resultados de la fiscalización de recursos de las auditorías federal y estatal.
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De entrada, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer una cantidad ingente que pidió al gobierno estatal aclarara el destino de poco más de tres mil 500 millones de pesos, la mayor cantidad observada de la administración.
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Habría que acotar que de ellos, tres mil millones corresponden a una sola observación, derivada a la ausencia de reportes sobre el destino de esa cantidad, proveniente de recursos excedentes.
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El resto se deriva de varios fondos, entre los que destacan los manejados por el Sector Salud y algunas dependencias encargadas de la obra pública.
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Estas anomalías ubicaron a San Luis en el nada honroso segundo lugar a nivel nacional, por monto observado y muy probablemente, son los peores resultados de una administración que presume de transparencia y manejo correcto de recursos.
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Con una cantidad mucho menor, pero no por ello onerosa, se ubica el ayuntamiento de la capital, al cual se le señalaron anomalías por 137 millones de pesos.
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Pero, a diferencia de Juan Manuel Carreras, Xavier Nava puede sentirse relativamente tranquilo, pues por lo que se ve, las anomalías se registraron en los nueve meses que Ricardo Gallardo estivo al frente de la alcaldía en 2018.
Pero comoquiera, tendrá la obligación de solventar esas observaciones.
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Por lo que respecta a los reportes de la Auditoría Superior del estado, que se harán públicos al iniciar la semana que entra, se sabe que hay algunas cuentas de dependencias estatales totalmente reprobadas. El monto, eso sí, es mucho menor que el que presenta la auditoría federal.
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Pero en todo caso, será una semana de dar explicaciones en el Palacio de Gobierno.
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Las turbulencias en el Congreso a causa de la disputa entre la alcaldía capitalina y la gallardía no han terminado.
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La presentación ayer de una demanda de juicio político, presentada por al comunidad indígena mazahua, es una muestra de que ambos grupos políticos están dispuestos a seguir con su batalla política en territorio legislativo.
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La denuncia parece una respuesta a los procesos que el ayuntamiento capitalino ha abierto en contra del ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez ante el Legislativo.
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Advirtiendo que el poder legislativo podría quedar en medio del fuego cruzado, como ya se constató hace unos días, ya se escuchan voces en el Congreso no va a ceder a presiones de ningún bando para definir esos juicios políticos.
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Lo más probable, sin embargo, es que esa advertencia no haga efecto entre navistas y gallardistas y, de cualquier modo, vuelvan a convertir en trinchera la sede legislativa.
