Ni al jefe policial respetan Transparencia obligada

Desde los primeros hechos de muy alto impacto en el Estado, que comenzaron allá por el año 2007, la capital es otra, y todo parece indicar que no regresará a la normalidad de hechos provocados por delincuencia común. Hace ya 16 años, que los delincuentes abiertamente perdieron el respeto a las autoridades. Por igual afectaron la vida cotidiana, que los procesos institucionales. La inseguridad pública que provocó la llegada de grupos delincuenciales con técnicas sofisticadas, dejó en entredicho la efectividad de la policía, y puso en evidencia la ineficiencia de los órganos de procuración de justicia, que estaban obligados a actualizarse. Hubo algunos intentos de reingeniería de la policía en el sexenio de Fernando Silva Nieto, pero las acciones de la delincuencia no eran tan marcadas como ahora.

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Muy pocos han sido desde entonces los procesos de evolución de una policía que parece más desorganizada que la delincuencia. El crecimiento progresivo de las acciones delictivas, se agravó con la crisis financiera del país que comenzó en diciembre de 1994, justo al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo, y cobró su peor factura al llegar Vicente Fox, luego del cierre de las fronteras al tráfico de drogas hacia Estados Unidos, a raíz de los atentados terroristas contra instalaciones estratégicas tanto militares como de la economía de aquel país del 11 de septiembre de 2001. Los narcotraficantes se vieron afectados en el mercado de un país que por primera vez se ponía en guardia en su propio territorio, y comenzaron a pelear las plazas en México, hasta que la guerra alcanzó a San Luis.

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En forma inevitable, la operación de la delincuencia mantiene en jaque a la policía y frecuentemente al borde de la jaqueca. Los objetivos de los criminales, no solo son las víctimas de extorsión y chantajes, asesinatos, secuestros, violencia por el control de territorios, cobros de derecho de piso o de derechos por cualquier cosa, asaltos a negocios y robo de vehículos, sino también la policía que se les atraviesa en el camino. De ahí que la efectividad de los cuerpos policiales depende de qué tanto se puede adelantar a las acciones delictivas, pero a veces, la violencia alcanza a los propios jefes policiales. Desde la muerte del jefe de la Policía Estatal Jaime Flores Escamilla, surgió la urgencia de especializar a la policía, que todavía mantiene en alerta a sus mandos que son víctimas de la delincuencia.

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Este domingo, surgió una serie de condiciones en las que algo no anda bien en la administración pública estatal. Han salido al paso diferentes procesos cuestionados, tales como la asignación de empresas de prestación de servicios que no tienen un origen claro, o vienen de una reputación cuestionada, ya sea por procesos sancionadores abiertos en otras entidades, o por aquellos casos donde se quedaron dudas no aclaradas en auditorías. Tan solo por el aspecto de transparencia, no solo en Sedesore, señalada por empresas con antecedentes cuestionados, sino en otras 22, no es posible cuadrar un historial de transparencia administrativa, porque sencillamente no hay rendición de cuentas o la difusión de esos documentos se encuentra atrasada.

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Uno de los puntos débiles en las observaciones ciudadanas, se refiere a los contratos de prestación de servicios y la adquisición de insumos y bienes. Así, en las llamadas clínicas rosas, algunos gastos y hasta origen de proveedores de construcción, forman parte de los informes pendientes en los espacios de transparencia. Desde la compra de un lapicero y hasta una motoconformadora, todo gasto con dinero público está sujeto a escrutinio. Nada se puede cobrar en gobierno “por fuera”. Todo acto de ingresos o erogación de recursos, es parte obligada de un desglose de gastos. No hacerlo, trae sorpresas como cuando los peticionarios de información se enteran por terceros, de empresas y proveedores. No hay pretexto. La transparencia es obligada, y punto.

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¡HASTA MAÑANA!