No cambian Teléfono descompuesto
El Congreso estatal no se pudo ahorrar la concesión de beneficios laborales para 2023, y lo hizo en uno de los puntos más controvertidos: el de los trabajadores por honorarios.
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Esta partida se ha convertido en una caja negra en el gasto legislativo, que lo mismo ha servido para dar acomodo a favoritos y colaboradores de campaña como para servir de “puente” para apropiarse de recursos, vía la “ordeña” de esos salarios.
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Esta Legislatura no está ajena a los manejos polémicos de esa partida. Ni siquiera las legislaturas más opacas y con el manejo más polémico del presupuesto del Congreso se atrevieron a esconder los nombres de los beneficiarios de los pagos por honorarios, pero la Junta de Coordinación Política actual ha ocultado esa lista en sus actas.
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Y aunque recientemente se cuestionó en la Legislatura la pertinencia de algunos de estos colaboradores, contrastando su productividad, no hubo ningún esfuerzo concreto en remediar esa situación.
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El hecho de que, según Ciudadanos Observando, en el nuevo presupuesto se anticipe un incremento en la partida de esta parte de la nómina, es un indicador de que los diputados actuales están muy lejos de querer remediar la situación.
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El ayuntamiento capitalino anunció otro esfuerzo para regular el comercio ambulante e informal en el Centro Histórico.
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Es largo el rosario de anuncios anteriores en los que se daba como hecho el control no solo de la actividad informal, sino también de la actividad de negocios establecidos que han lindado con lo ilegal.
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El enjambre de terrazas recreativas sobre las azoteas de inmuebles que no fueron construidos para soportar las estructuras metálicas son ejemplo de ello.
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Se saluda la nueva iniciativa del ayuntamiento, pero también se espera que no termine como esfuerzos parecido hechos con anterioridad y que concluyeron en fracaso.
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Parece que la coordinación entre corporaciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno no está en sus días
más fuertes.
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Documentos “hackeados” por las activistas de Guacamaya, concretamente el acta de la sesión de la Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad celebrada el 5 de agosto.
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De acuerdo al acta, el encargado de la XII Zona Militar, el general Arturo Fuentes, pidió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General del Estado que informen a la Sedena sobre la realización de operativos, poniendo como ejemplo el enfrentamiento del 4 de mayo en Aquismón, un enfrentamiento entre fuerzas estatales y criminales que dejó 13 de ellos muertos.
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Del lado estatal, se entiende en el documento, no lo hizo, pese a que “se mantuvo comunicación “con los titulares de la SSPC y la Guardia Civil.
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¡HASTA MAÑANA!
