No hay para todos La SS, bajo la lupa
Tanto el Poder Legislativo como la Auditoría Superior del Estado presentaron sus justificaciones sobre por qué el año entrante, su presupuesto deberá ser mayor al que recibieron
este año.
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También coinciden en privilegiar el capítulo 1000, el de la nómina, al ser, prácticamente, el único rubro que gozará
del incremento.
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Coinciden en una tercera situación: parecen ignorar que, en materia presupuestal, las palabras claves en 2021 serán recorte y retroceso.
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El Ejecutivo ya está mentalizado de que el año entrante, habrá menos recursos y en que eso implicará sacrificios.
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No parece que en las otras dos instancias estén en sintonía. Mientras que en Palacio de Gobierno, ya afilan las tijeras para recortar personal de honorarios, el Congreso se apresuró a garantizar el incremento salarial a los trabajadores de confianza, que se han constituido en la mayor fuente de incertidumbre sobre la legalidad y la transparencia de los recursos que manejan los diputados.
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Habrá que ver cómo se negocia el presupuesto en la recta final del año. La cobija no cubrirá lo que alcanzó a cubrir este año. Pero no todos parecen
querer aceptarlo.
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La organización Ciudadanos Observando informó ayer que la ASE le notificó sobre la procedencia de una amplia demanda presentada en contra de las presuntas y numerosas anomalías de la Secretaría de Salud en torno a sus procesos de adquisición.
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Entre las anomalías denunciadas está la falsificación de firmas, el uso de empresas fantasma, sobreprecios, uso de documentos apócrifos y otras anomalías.
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La ASE indagará la querella. Por estos días, notificará a la titular de la dependencia, Mónica Rangel, de la procedencia de
la pesquisa.
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El descubrimiento de un elaborado mecanismo de despojo de autos deberá poner a la autoridad en alerta. En especial, porque en redes sociales hay amplia evidencia de la comisión de anomalías.
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Hay hasta videos de cómo se venden autos que pertenecen a otras personas, que los entregaron a los defraudadores pensando que los estaban arrendando para el servicio de pasajeros.
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Las denuncias están presentadas. La Fiscalía General del Estado tiene la obligación de investigarlas. Aunque los propios afectados admiten que se ha dado, hasta ahora, un trámite adecuado a su querella, exigen celeridad para que los responsables sean sancionados y sus bienes, devueltos.
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¡HASTA MAÑANA!
