No le pierden Feria de opacidad
El Ceepac actuó con notoria celeridad para incluir al trabajo que le tocará hacer en la consulta de la municipalización de Pozos como justificación para crear un nuevo concepto para una compensación laboral.
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Apenas a la semana de que se oficializó la realización de la consulta, su Consejo General ya había modificado el Manual de Remuneraciones para generar la nueva prestación, equivalente a un mes de salario para cada empleado del Ceepac, incluyendo a los consejeros.
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Documentos del Ceepac sobre la preparación del plebiscito señalan que la propuesta inicial de financiamiento, de 55.8 millones de pesos, destinaba 22.8 millones de pesos a los servicios personales, el 40%
del monto.
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La petición fue rechazada por el gobierno del estado, y quedó en 20 millones de pesos. Habrá que ver si la proporción se mantiene.
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La reducción presupuestal puede ser vista como un revés al Ceepac, pero el organismo pareció querer aprovechar la ocasión para asegurarse otro beneficio, éste relacionado con el proceso constitucional.
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El reglamento del Ceepac también preveía una compensación de un mes por el trabajo extra que se desarrolla en una elección. Pues bien, a la par de que se creó la nueva prestación para la consulta, el Ceepac también aprobó duplicar a dos meses la partida.
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Quizá el aplazamiento del inicio de las elecciones de octubre a enero de 2024 le quitó la posibilidad de cobrar ese bono este año, pero es muy probable que el incremento de uno a dos meses prevalezca para el
año entrante.
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El Patronato de la Feria Nacional Potosina ha practicado la más cínica opacidad desde hace largo tiempo, por lo que tiene una enorme cantidad de trabajo para contrarrestar las irregularidades en las que ha incurrido casi desde que asumió funciones.
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Hasta el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, un practicante avezado de la opacidad, ha sugerido a la instancia dirigida por Luis Antonio Zamudio Martínez que debe presentar los reportes de información que desde hace meses ha dejado
de publicar.
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La sección de la Fenapo en la Plataforma Estatal de Transparencia es un páramo. Es escasa la cantidad de fracciones de la Ley de Transparencia estatal que se cumplen, sobre todo la relacionada con el ejercicio de recursos y la rendición de cuentas.
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La nula voluntad de informar del patronato raya en el cinismo. Un ejemplo es la fracción 37B, que obliga a presentar la información financiera como los estados de operación y los reportes de ejercicio presupuestal.
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La publicación de esta información es ordenada por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que es una norma federal, no estatal. Su incumplimiento implicaría sanciones de corte federal.
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Al Patronato parece no importarle esto, pues el documento no aparece, al menos en el reporte más reciente ni en los del resto dela ño. Y la explicación es un sinsentido, el Patronato señala que la información “del mes de julio de 2022 se publica en el mes de agosto de 2022” o que “la información correspondiente al mes de agosto está en proceso de cierre”.
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Eso aparece invariablemente en los reportes de este año. En la Fenapo ni siquiera se toman la molestia de cambiar las fechas de los pretextos que usan para evadir su responsabilidad. Habrá que ver si hay voluntad para cumplir o si todo se trata de
una simulación.
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¡HASTA MAÑANA!
