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Notoria diferencia ¿Justicia o política?

Por PULSO

Julio 26, 2023 03:00 a.m.

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Son casi 90 homicidios los que hay de diferencia entre el reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de 2022, que conocemos desde diciembre, y el informe del Inegi sobre muertes por homicidio ocurridas el año pasado en San Luis Potosí, dado a conocer ayer.  

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Las cifras del informe estadístico son mayores que los números de los reportes de incidencia delictiva. 

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El Inegi, señala el reporte, está basado en las actas de defunción del Registro Civil, mientras que los números del SNSP los proporcionan las fiscalías estatales. 

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Ante el asunto de la discrepancia entre los reportes, es imposible no recordar que mientras que existe una disminución de los homicidios dolosos registrados en San Luis, ha subido el conteo de la nebulosa modalidad de “otros delitos”. 

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Causa en Común, la ONG dedicada al análisis de los números de inseguridad pública, alertó contra el uso de esta clasificación como “cajón de sastre” para maquillar las cifras.

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Recientemente, la Fiscalía General del Estado aseguró que no ha manipulado las cifras de los homicidios y que los números que expone reflejan la realidad.

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En ese discurso, será interesante conocer cómo entra ahí la diferencia entre ambos reportes.   

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El gobierno estatal continúa su ofensiva en contra del ayuntamiento panista de Matehuala, prácticamente sitiando ayer la presidencia municipal, buscando detener al síndico Cristóbal N. por su presunta participación en un caso de despojo. Se habla también de que otros dos funcionarios fueron detenidos. 

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Hasta el momento, no es posible concluir si las acciones contra un gobierno municipal de un partido opositor al gobierno se derivan de un verdadero golpe contra una conducta delictiva o si se trata de un acto de hostigamiento político.

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Las dudas nacen del fracaso de una primera intentona, luego del escandaloso caso de las decenas de migrantes secuestrados en aquel municipio, en la que buscaron detener a un mando de la policía municipal, que luego salió libre.  

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Le siguió el golpe directo al alcalde Iván Estrada Guzmán tras el surgimiento de unas presuntas grabaciones en las que habla de un presunto vínculo con el crimen organizado. La intentona está frenada por un amparo.

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Y ayer, la acción llegó a la presidencia municipal.

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Si hay que castigar conductas delictivas, las autoridades tendrían que castigarlas sin cortapisas. Pero en un caso que tiene un inocultable ingrediente político,  la transparencia debería ser una obligación, para evitar suspicacias. 

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