Obra encarecida Parque en riesgo
La planeación no parece ser la principal característica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Al menos en el caso del tramo entre Valles y Portezuelo, Hidalgo.
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Que el monto haya pasado de los tres mil 234 millones de pesos a los cinco mil millones de pesos. A la previsión original de tres mil 2347 millones de pesos se le sumarán mil 853 millones de pesos. El incremento fue de 57.3%.
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Queda claro que que la Auditoría Superior de la Federación no hace más que dar cuenta del incremento, sin considerarlo una observación, lo que apunta a que el incremento cumplió con la legalidad.
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De acuerdo al documento, el alza se atribuye a un incremento en la anchura de al menos 100 kilómetros del tramo de la carretera, de 7 a casi 30 metros.
Será interesante saber porqué este proyecto, iniciado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, mutó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y cuáles fueron las justificaciones del cambio.
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No hay que olvidar que en 2019, la ASF le hizo observaciones por ocho millones de pesos. El monto se redujo considerable en 2020, al no rebasar siquiera los 200 mil pesos. Aunque hay recomendaciones derivadas de algunas anomalías, algunas solventadas, otras no.
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Los negros antecedentes que se registraron en el pasado reciente en la delegación de la SCT también despiertan una duda razonable sobre las verdaderas motivaciones del cuantioso incremento en esa obra.
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Un barómetro de la seguridad, o de la inseguridad, en que viven las ciudades son sus espacios públicos. Y en el caso de San Luis capital, las denuncias sobre asaltos y agresiones en el emblemático parque Tangamanga 1 deben encender todas las alarmas.
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Las dependencias encargadas de la seguridad pública, de la capital y del gobierno estatal deberán establecer estrategias que eviten que la delincuencia organizada cope un espacio tan querido para la sociedad capitalina.
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El Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana (Ceepac) deberá cargar con el paquete de investigar algunas de las polémicas acciones del candidato de Redes Sociales Progresistas a la gubernatura, José Luis Romero Calzada.
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La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral le echó al órgano público local electoral la tarea de indagar el varias donaciones que realizó Romero Calzada en campaña: aparatos auditivos, sillas de ruedas y hasta una ambulancia.
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El candidato pretende que su costo sea agregado a los gastos de campaña, pero el Ceepac deberá indagar el origen de los artículos que fueron entregados a personas de la Huasteca, entregas que el propio candidato se encargó de presumir en redes sociales.
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Y todavía falta ver de dónde salió el dinero para el helicóptero.
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¡HASTA MAÑANA!
