Ocurrencias Primer desafío
Ya se está volviendo tendencia en la actual administración estatal emprender proyectos de una forma que luce precipitada, sin que al parecer haya el respaldo técnico, financiero o legal, lo que propicia algunos tropezones.
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Un ejemplo de ello es el anuncio de que el gobierno estatal buscará gestionar vacunas contra el Covid, aún mediante la compra, para aplicar a los menores de edad.
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La intención es buena, nadie lo puede negar, pero se topa con la inamovible voluntad del gobierno federal, que en esta materia es el que manda, de rechazar la vacunación infantil contra el Covid.
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Cuando se reveló el proyecto de erigir una escultura religiosa monumental en el área natural protegida del cráter de Joya Honda, se mencionó que el documento rector de la misma, el decreto de la declaratoria emitido en la pasada administración, no dejaba resquicio para justificar el proyecto.
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De nuevo, podría considerarse una buena intención ofrecer oportunidades de ingreso, vía el turismo religioso, a los habitantes de la región. Pero legalmente, las pretensiones del gobierno del estado y de la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez no tienen asidero legal: el decreto no permite ese tipo de construcciones.
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No iba a pasar mucho tiempo para que fuera objetado jurídicamente. La organización Cambio de Ruta desnudó las carencias normativas de la idea y logró, al menos hasta ahora, que la justicia federal suspenda el proyecto.
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Y no es que haya evidencia de que se ha logrado un avance, más allá de las declaraciones de que existe justificación legal para el proyecto.
En todo caso, el proyecto está a debate.
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Igual sucede con la modernización de la alameda Juan Sarabia, que más que un alcance en torno a la movilidad equitativa, representa una rendición del peatón ante el dominio del automóvil.
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Establecer puentes peatonales como alternativas obligatorias deja fuera, como señalan algunos expertos, al sector de las personas discapacitadas y, en general, deja de lado la idea de peatonalizar el Centro Histórico.
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Son apenas tres ejemplos de proyectos gubernamentales que nacen tocados al omitir e ignorar normas vigentes y, sobre todo, el consenso con la ciudadanía, la principal afectada o beneficiada de las acciones de gobierno.
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Ya con secretario de Desarrollo Económico formalmente nombrado, está a la vista la primera crisis: la industria potosina perdió el rebote de la reactivación de las primeras olas de la pandemia y entró en declive.
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El problema no es de la pasada administración, pretexto favorito de este gobierno, pues la caída reportada por el Inegi ya abarca octubre, primer mes de la administración gallardista.
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El Ceepac concretó la remoción de varios encargados de direcciones y otros cargos importantes del área administrativa del consejo.
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Al parecer, lo hizo de muy mala manera en relación con los funcionarios removidos, por lo que se esperan litigios y laudos.
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Y mientras, no se sabe si la Secretaría de Finanzas respondió de manera positiva a la petición del Ceepac de fondos extraordinarios para pagar las indemnizaciones millonarias generadas por los despidos.
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Esa solicitud es uno de los indicios del desaseo de las maniobras del Consejo, pues precipitó los despidos antes de tener los recursos necesarios para esas obligaciones.
