Presión a Pensiones Austeridad a prueba
La paciencia se le acaba a los sectores que dependen del sistema de retiro estatal para asegurar su futuro, el de la burocracia y el del magisterio.
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Y vaya que tienen motivos. En un año, esta administración no realizó ningún pago al sistema. La magnitud del incumplimiento se refleja en que en 12 meses el gobierno estatal superó una deuda que a administraciones anteriores le costó varios sexenios acumular.
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Lo peor es que el dinero que la Secretaría de Finanzas le debe al sistema de retiro no es un recurso que deba llegar de alguna fuente externa, sino que es dinero que ya le fue descontado a los trabajadores, pero que no ha sido entregado a Pensiones. La otra parte para las pensiones proviene de recursos estatales, que tampoco han sido entregados.
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Esto ha generado una tensión comprensible entre burócratas y maestros, que ha intensificado los reclamos que se hacen, mes a mes, en la Junta Directiva del organismo.
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Naturalmente, éstos se han ido elevando de intensidad. Y la autoridad sólo response con evasivas.
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Las cosas se complican cuando el director de Pensiones, Jorge Escudero, usa un argumento de dudoso éxito para intentar calmar las aguas: los antecesores también debían. El problema es que este gobierno también debe, y debe más.
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Esta información de Pensiones surge luego de que la semana pasada se registraron versiones de una escrupulosa auditoría a la Dirección y que no se puede descartar un relevo en
la dependencia.
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La austeridad forzosa que pretende imponer el Ejecutivo y los organismos autónomos para el ejercicio 2023 tiene pronto su primer desafío.
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La Fiscalía General del Estado anuncia que terminó una “limpia” de personal por no haber pasado los exámenes de control y confianza. Fueron 150 elementos los desocupados, que deberán ser sustituidos.
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En teoría, la limitación de contrataciones en las dependencias es uno de los puntos torales de esta estrategia. Sin embargo, en la Fiscalía, será imposible no reemplazar a los elementos que desocupó. Se trata de una prioridad.
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Sin embargo, que ese reclutamiento coincida con las medidas de austeridad pondrá un contraste incómodo con las dependencias, sobre todo, las que no estaban acostumbradas a meter freno a sus presupuestos para gastos personales.
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Pues parece que el proyecto Alameda no se concretó como lo proponía el gobierno del estado. Los puentes atirantados, uno de los puntos más controvertidos, del plan quedaron fuera del proyecto.
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La Coordinación Ejecutiva del Consejo de Centros Históricos de San Luis Potosí afirma que el gobierno estatal y el INAH estuvieron de acuerdo con esta decisión. Habrá que ver si es así.
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¡HASTA MAÑANA!
