Privilegio Jueces y partes
El presupuesto de egresos para 2021 presenta una paradoja relevante en materia de servicios personales.
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Cuando empezaron a vislumbrarse las dificultades financieras generadas por la pandemia de COVID, una de las medidas que empezaron a manejarse como contramedida a la crisis fue la del recorte de la nómina, específicamente, en el caso de los trabajadores pagados por honorarios y de confianza.
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La Oficialía Mayor incluso había reconocido que evaluaba qué puestos iban a ser desocupados.
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Sin embargo, el documento de la iniciativa presupuestal no muestra variación en el capítulo 1000 del presupuesto, el de servicios personales.
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No puede explicarse cómo, cuando se habla de reducción en la plantilla de trabajadores para 2021, el monto de la nómina se mantiene igual al de este año.
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Las únicas salidas son que, al final, no habrá, en los hechos, recorte alguno, o, si hay despidos, habría un excedente de la partida de nómina, cuyo destino es incierto.
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El mero hecho de que la nómina gubernamental no sufra disminución alguna, cuando los demás rubros enfrentan recortes, algunos tan severos como el de la obra pública, refuerza la idea de que las instancias oficiales han privilegiado los rubros que los benefician.
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En el reporte de cuenta pública del Congreso del año pasado, elaborado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), la actual Legislatura enfrenta observaciones relacionadas con anomalías en el manejo de la partida para el pago de empleados por honorarios, uso de proveedores “fantasma”, desaparición de computadoras y pagos irregulares de indemnizaciones. Las observaciones sumaron 25.4 millones de pesos.
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Se trata de un fuerte golpe a las afirmaciones de diputados de que en el Congreso, el manejo de recursos es claro, transparente y honesto.
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En este contexto, resulta vital saber quién decidirá el destino de las observaciones, es decir, quién considere si son solventadas o persisten, lo que implicaría acciones sancionatorias.
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Actualmente, la normatividad establece que sean los diputados de la próxima Legislatura los que califiquen los reportes de cuenta pública de todas las instancias públicas potosinas, incluyendo el del Congreso.
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Pero, de forma un tanto mañosa, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó un dictamen que, de pasar la garita del Pleno, cambiaría los plazos de revisión de los reportes para dejar a esta Legislatura esa facultad.
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Es decir, que los legisladores serán jueces y partes en la calificación de la cuenta pública legislativa. Es decir, pretenden decidir sobre las irregularidades que le atribuyen los reportes de la ASE.
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La aprobación de la iniciativa arrojaría una pesada sombra de sospecha sobre la actuación de los actuales diputados.
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Y en otro revés asestado por la justicia federal a los diputados, éstos deberán reponer el proceso de elección de Contralor Interno de la ASE, ya que un amparo determinó que hubo circunstancias discriminatorias en la convocatoria.
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Lo hicieron mal y deberán arreglar el deseaguisado.
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¡HASTA MAÑANA!
