Problema penitenciario Acuerdos retrasados
Desde hace meses, el estado del sistema penitenciario estatal ha sido blanco de preocupación. Hechos violentos, ataques, emboscadas a reos recién salidos marcaron el 2022.
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Desde antes del fin de año, el Poder Ejecutivo anunciaba la intención de pedir el traslado de reos peligrosos a penales federales, aunque desconcierta que en 2022, no se hiciera ninguna petición, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.
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Y ahora, según esa misma dependencia, el principal centro penitenciario, el de La Pila, enfrenta una situación de saturación de espacios.
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Lo que también sorprende es el reparto de la población carcelaria de la entidad, que mantiene saturada a La Pila, al mismo tiempo que en los cinco penales regionales existen espacios suficientes para acomodar a los presos que abarrotan el penal.
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La experiencia ha enseñado que los riesgos inherentes a un penal se incrementan cuando existe sobrepoblación de reos. La responsabilidad de las autoridades es minimizar dichos peligros.
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Ante la incertidumbre que está generando que el Interapas se encuentre acéfala, la presión hacia la alcaldía capitalina aumenta.
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En la UAM, sin embargo, se mantiene la calma. Desde ahí, se señala que ya se definió el perfil del sucesor de Enrique Torres López y que la semana que entra habrá noticias.
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Desde luego que la presión no va a disminuir. A ver si el ayuntamiento es capaz de resistirla.
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¿Lentitud o una obscura estrategia? El pasado 4 de enero, el Periódico Oficial del Estado publicó once documentos de nueve alcaldías o dependencias municipales con modificaciones en los tabuladores y los presupuestos de egresos.
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El problema es que corresponden a ejercicios de 2022 e incluso de 2021. Para efectos prácticos, las modificaciones a estos importantes puntos se realizaron y son asunto concluido, pero queda la suspicacia de que se hicieron sin un sustento legal que lo respaldara su validez legal, en tanto que sólo pueden tenerla tras la publicación en el POE.
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En un primer momento, parece que la responsabilidad de las alcaldías involucradas, Armadillo, Mexquitic, Tamazunchale, Tancanhuitz Vanegas y Villa Hidalgo, además de los organismos de agua potable de Cedral y Matehuala y el Implan capitalino.
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Pero también cabe la posibilidad de que la tardanza esté en el órgano oficial de difusión.
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En todo caso, alguna autoridad debe revisar si hay alguna situación irregular en esta muy retrasada publicación.
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El Congreso del Estado se enfila a un nuevo revés ante la justicia federal, esta vez, por dejar pasar el lapso ordenado por un decreto federal para adecuar a la legislación local la nueva Ley de Movilidad.
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Ante la omisión, la organización Cambio de Ruta, que ya ha logrado varias victorias en tribunales contra omisiones de diversas autoridades, se amparó, por lo que las posibilidades de que el Congreso sume una nueva derrota son muy cercanas.
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¡HASTA MAÑANA!
