Reos en riesgo Vacío de autoridad
Con independencia de las faltas a la ciudadanía que los mantienen en el encierro, internos del Centro de Reclusión de La Pila se encuentran en posibilidades de abandonar la complicación de su condena si prospera la petición de la Fundación Renace, para liberar a aquellos que no cometieron delitos graves y se encuentran en condiciones de riesgo a su salud en caso de que enfermedades como el coronavirus en su variedad COVID-19 invadan el centro penitenciario.
Se trata de una medida de emergencia que ningún abogado ni organización civil había solicitado con anterioridad, luego de una pandemia en la que se encuentran en discusión y en implementación de medidas de precaución la mayor parte de los sectores sociales, excepto en los casos donde las personas se encuentran privadas de su libertad. Es verdad que las personas con sentencia condenatoria pierden sus derechos ciudadanos, pero no por ello sus derechos fundamentales.
La propuesta de excarcelar aquellos que cometieron delitos que no son graves, suena muy interesante en una negociación donde los internos estarían obligados a dar algo a cambio. La reflexión se da en el entendido de que el espíritu del sistema penal acusatorio, oral y adversarial, incluye acuerdos reparatorios, obligación expresa de reparar el daño moral y una práctica hasta ahora poco común en México denominada “justicia restaurativa”, esta última indispensable para devolver su condición de ciudadanía a los internos con sentencia condenatoria, en una etapa posterior a compurgar la pena impuesta por el Poder Judicial y llevada a la práctica por el Poder Ejecutivo.
La petición se basa en diversos ordenamientos internacionales, e incluso la normatividad mexicana. Sin embargo, la respuesta afirmativa debería llevar tras de sí, una intensa actividad de negociación para determinar las condiciones en las que un interno quedaría en libertad para reunirse con su familia, o resguardarse en condiciones seguras. Prevalecerían entonces el derecho a la salud y a la integridad de las personas.
Basta con una revisión a las condiciones bajo las que un interno se encuentra privado de su libertad. De ese análisis pudiera partir el criterio para otorgar preliberaciones en los casos donde la presencia en sociedad de una persona que comete un delito no grave, tampoco amenaza la integridad de los ciudadanos y sí en cambio, abre la posibilidad de una reparación pronta del daño en forma paralela a la protección de la salud del interno.
Y a propósito de integridad, llama la atención una serie de incidentes relacionados con los programas de reparto de ayuda a las personas mayores, en los que se aprecia visible maltrato a los beneficiarios o un trato indiferente a quienes requieren solución a los problemas con el único ingreso que les permite vivir. El comentario surge a propósito de condiciones de salud, largas filas, privación de las oportunidades y desatención a una persona que perdió su tarjeta. Un problema frecuente es la pérdida de sensibilidad de los servidores públicos.
Todo parece indicar que no hay autoridad en la Delegación de Pozos. En las colonias de más alta densidad poblacional del oriente de la capital potosina, es de diario ver negocios abiertos que no son los esenciales, circulación de vehículos, tianguis que operan abiertamente sin medidas de seguridad, grupos de jóvenes platicando en las calles y madres de familia irresponsables que se mueven libremente con sus hijos. Nadie los llama a regresar a casa, situación que denota un abierto vacío de autoridad y escaso compromiso con la salud y con la mitigación de un riesgo mundial.
¡HASTA MAÑANA!
