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Ruptura confirmada Exigen seguridad

Por PULSO

Octubre 07, 2022 03:00 a.m.

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Era inevitable que entre la ingente cantidad de información extraída de las computadoras de la Secretaría de la Defensa Nacional por los “hacktivistas” de Guacamaya existieran documentos relacionados con San Luis Potosí.

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Están las ya conocidas fichas de monitoreo a grupos, líderes sociales, movimientos feministas y a funcionarios (por cierto, hay dos, no uno, expedientes sobre el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. El más reciente, elaborado ya cuando era gobernador, y tiene una página más que la versión que reveló El País).

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Pero hay otros documentos llamativos. El que se da a conocer hoy, sobre un panorama del estado antes de la elección de junio de 2021 que la XII Zona Militar envió a la IV Región Militar asentada en Monterrey, confirma algo que se sospechaba: Juan Manuel Carreras López estuvo ajeno a la sucesión dentro de su partido, lo que explica por qué una de sus colaboradoras, Mónica Rangel, fue candidata de Morena.     

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El exgobernador Carreras López, de acuerdo al informe, habría sido excluido del proceso por decisión del CEN tricolor. A eso se explicaría, primero, la conversión morenista de su polémica secretaria de Salud, y el evidente alejamiento del mandatario con la campaña que su partido, junto con el PAN, realizó para impulsar a Octavio Pedroza. 

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No sólo la UASLP, sino también los gobiernos de la capital y del estado tienen ahora la responsabilidad de responder a la demanda de los universitarios que ayer, en la Facultad de Derecho, de garantizar la seguridad pública.

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Las acciones que desde muy temprano se iniciaron en la Facultad de Derecho, que incluyeron bloqueos al recinto universitario y a algunas calles, fueron reacción a un caso que de inicio se manejó como la desaparición de una alumna. La actuación universitaria no estará exenta de críticas, en especial porque, de acuerdo a versiones oficiales, no existe una desaparición, sino una ausencia voluntaria de la joven.

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Sin embargo, la reacción de los jóvenes obedece a un hartazgo real sobre la inseguridad, no sólo en las zonas universitarias, sino en casi toda la ciudad. 

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Y Derecho no es la única facultad inconforme. Anoche, la de Ciencias Sociales y Humanidades exigieron una respuesta a los cuestionamientos por el fallecimiento de un alumno de tercer semestre ocurrido el 30 de septiembre, presuntamente por causas atribuidas a la delincuencia.

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El reto a las autoridades ahí está. Y estarán bajo el escruti-

nio público.

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Al alcalde Enrique Galindo habrá que reconocerle que se presentó a escuchar de primera mano la exigencia estudiantil en la Facultad de Derecho.  Aguantó la metralla de los estudiantes, que le exigieron mejoras a los servi-

cios municipales.

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Sin embargo, también es necesario decir que se vio atrapado por la trampa del discurso triunfalista. Hace unos días, el edil afirmó que se habían intensificado los patrullajes de la corporación municipal y hasta pidió a la ciudadanía no alarmarse si observaban una mayor presencia policial.

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Ayer, ante el enojo universitario, Galindo Ceballos reconoció que el operativo establecido en la zona era insuficiente. 

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¡HASTA MAÑANA!