Se desdice la FGE De reversa
Villa de Arista atestiguó ayer la que muy probablemente es la mayor protesta de su historia. Y fue generada por el feminicidio de una estudiante adolescente, Chuyita Rodríguez.
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Su muerte es un trágico recordatorio de que el estado es un territorio peligroso para las mujeres. Y sin embargo, la Fiscalía General del Estado sigue presentando trabas a la obligada creación de una fiscalía especializada.
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De hecho, su titular, José Luis Ruiz Contreras estaría reculando de un compromiso que habría adquirido con Amnistía Internacional y la Fundación para la Justicia, dos organizaciones que han apoyado de manera muy relevante la causa para que el feminicidio de Karla Pontigo, ya cercano a cumplir diez años, no quede impune.
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En julio de 2020, las dos instancias publicaron un comunicado en el que afirman que, luego de un encuentro, Ruíz Contreras se había comprometido a crear la fiscalía en 2023.
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El organismo es obligado, ya que la procuración de justicia por estas muertes sigue siendo insuficiente. Por otro lado, las dudas expresadas por varias instancias de que San Luis es uno de los estados en donde algunas de las muertes violentas de mujeres son tipificados como homicidios dolosos, y no feminicidios. Una fiscalía especializada ayudaría a disipar estas dudas.
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El pretexto de que la creación de esta instancia generaría una mayor burocracia muestra que el fiscal estaría encaminado a incumplir con su compromiso, lo cual es bastante grave.
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Otra instancia que dio reversa a una postura previa fue el Juzgado Octavo de Distrito, quien al sobreseer el amparo promovido por el ejido La Libertad Rancho Viejo contra el ayuntamiento por la presunta invasión de sus predios por la construcción de un puente durante la administración de Xavier Nava Palacios, le abre la puerta al ayuntamiento capitalino de terminar el litigio con un pago de 12 millones de pesos.
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La instancia judicial había rechazado que ambas partes consideraran finalizado el litigio con el contrato de promesa de pago firmado en agosto y había establecido que iría al fondo del asunto, es decir, determinar si había o no una invasión de predios ejidales.
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Las dudas se deben a que dos oficios del Registro Agrario Nacional, uno emitido con respecto a este caso y otro vinculado a la defensa del ex alcalde contra la inhabilitación que le impuso el Congreso, muestran posturas contrarias sobre este tema, es decir, uno señala que el puente sí está en predios ejidales y otro en el que señala que los actuales polígonos ejidales no coinciden con la ubicación de la obra.
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El Juzgado optó por aceptar finalmente que el contrato de promesa de pago, que contiene la aceptación del gobierno municipal de que el puente invadió propiedad ajena y la declaración de voluntad del ejido de ser resarcido monetariamente, es una causa de desistimiento y dejó sin efecto el amparo.
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Y así sin determinar si hubo o no invasión, permite a ambas partes arreglarse.
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En ecos del primer festejo patrio del gobierno gallardista, a la cena postgrito en Palacio de Gobierno, dos de los multicitados funcionarios involucrados en los cambios de gabinete también presumidos frecuentemente asistieron muy quitados de la pena.
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¿Pretendían rescatar algo de lo perdido o que les tocaran
la despedida?
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¡HASTA MAÑANA!
