Sector golpeado Vacunas: a toda prisa
Ningún caso justifica un llamado a la justicia por propia mano, que pase por encima de las leyes. En esa tesitura, clamar porque los ganaderos de Tamuín se armen para combatir por propia cuenta a los abigeos no resulta válido.
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Sin embargo, también es necesario reconocer que el sector ha sido muy golpeado en los últimos años por la actividad de los delincuentes roba ganado.
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En especial, a partir de 2018. El año anterior, las denuncias no eran ni 30 y para el año en el que se registró la renovación de ayuntamientos y el gobierno federal, las denuncias ya rebasaban el centenar.
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Y con sus altibajos, la incidencia no ha bajado de 200 casos.
No es posible que ese incremento en la frecuencia del robo de ganado se haya dado sin la inacción policiaca.
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Es verdad que la mayor parte de la incidencia ocurrió en el gobierno de Juan Manuel Carreras López, pero en los dos primeros meses de este año, ya en la nueva administración, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya se registra la quinta parte de las denuncias que se consignaron. Si el paso continúa, el delito tendrá, al menos, el mismo nivel que el año pasado.
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Pedir justicia ajena a cualquiera de las modalidades reconocidas por la ley es, en sí mismo, una anomalía. Pero también lo es que la autoridad no ofrezca respuesta a los llamados de justicia.
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Resulta irónicamente acertado que las autoridades de salud federales hayan bautizado “operación Correcaminos” al frenético esfuerzo de administrar el refuerzo Covid a la población de todo el país.
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La vacunación va a toda prisa, con suma urgencia, acicateada por dos factores: la inminente caducidad de miles de vacunas a fines de este mes y los bajos porcentajes de refuerzo en miles de mayores de 18 años.
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A trompicones, pero el esfuerzo debe tener respuesta en la ciudadanía. Si antes, la queja era la escasez de vacunas, ahora se debe evitar que se desperdicie. Por eso, los que no se han aplicado ningún refuerzo, deben aprovechar esta oportunidad.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes explicó el procedimiento de revisión de las unidades del transporte urbano, lo que incluye a las unidades que este año cumplen la década de servicio, según la Ley Estatal de Transporte.
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Lo cual es un contrasentido, pues la norma establece que los vehículos, cuando alcanzan esa antigüedad, ya no pueden seguir en la calle.
Si se revisan para verificar que aún pueden dar servicio, y se les permite, sería necesario que la autoridad explique bajo qué supuesto legal se permitiría esto.
Tampoco se ha explicado el modo en el que se van a sustituir casi 150 unidades que este año cumplen la década de servicio útil y que, en teoría, deberían ser descontinuadas.
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¡HASTA MAÑANA!
